Por Alejandra Macías Sánchez Los impuestos saludables -aquellos aplicados a productos como el alcohol, el tabaco, las bebidas azucaradas y los productos ultra procesados- cumplen con una función que los diferencia radicalmente de otros gravámenes, como el impuesto al valor agregado o el impuesto sobre la renta: no son impuestos pensados únicamente para recaudar. Son herramientas diseñadas para proteger la salud pública y mejorar el bienestar colectivo, al desincentivar el consumo de productos que causan enfermedad, discapacidad y muerte, especialmente por enfermedades no transmisibles y lesiones prevenibles. Estos productos no solo dañan la salud. Su consumo también genera graves problemas sociales y económicos: menor productividad, gastos elevados en salud, endeudamiento y reducción del ingreso disponible para necesidades esenciales como la educación o la alimentación. Quienes los consumen, en muchos casos, lo hacen desde edades tempranas, cuando son vulnerables y carecen de información sobre los daños que ocasionan y los ambientes comerciales que los promueven. Contrario a lo que a menudo se afirma, estos impuestos no castigan a las personas con menos ingresos. Por el contrario, diversos estudios realizados en México han mostrado claramente cómo los hogares de menos recursos son los más afectados por el consumo de estos productos, tanto por el gasto directo como por los gastos colaterales: enfermedades, tratamientos médicos, pérdida de productividad y tiempo de cuidado. Cuando un hogar decide gastar en alcohol y tabaco destina recursos financieros escasos, distrayéndolos de otras categorías como alimentos, salud, educación o esparcimiento. Además, en gran parte de los hogares el tabaco y el alcohol son complementarios, potenciando simultáneamente más gasto en ellos y mayores riesgos a la salud. La evidencia indica que al menos 900 mil de personas en el país caen en pobreza como consecuencia del gasto en tabaco y los efectos derivados de su consumo. La carga no solo es económica. El impacto en la dinámica familiar también es profundo. Los hogares se ven obligados a designar a personas para cuidar a los miembros del hogar aquejados por estas enfermedades, poniendo en jaque su desarrollo personal y profesional. Al respecto, es necesario enfatizar que alrededor de tres cuartas partes del tiempo dedicado al cuidado de personas enfermas recae sobre las mujeres, implicando una fuerte e injusta carga que exacerba las brechas de género. Fortalecer los impuestos saludables en México tendría diversos beneficios para la sociedad mexicana en su conjunto, como desincentivar el consumo de productos dañinos, disminuir la carga de enfermedades asociadas a dichos productos, aliviar la presión sobre el sistema de salud, liberar recursos para las familias y mejorar la productividad nacional. Al mismo tiempo, permiten aumentar los recursos fiscales que podrían destinarse al financiamiento del sistema de salud y otras necesidades. Los impuestos saludables están alineados con los objetivos del Plan Nacional de Desarrollo del gobierno- Por ejemplo: Contribuyen al eje “Desarrollo con bienestar y humanismo”, al incentivar decisiones más saludables. Promueven la “República Sana” al disminuir la carga de la enfermedad. Liberan tiempo para el desarrollo personal y profesional de las mujeres, en línea con una “República de y para las mujeres” Y fortalecen las finanzas públicas de forma responsable, como lo plantea el objetivo 1.4 del mismo plan al asegurar el uso honesto, responsable y eficiente de los recursos públicos bajo los principios de austeridad republicana, mientras que se fortalecen los ingresos del sector público. Finalmente, es importante subrayar que la evidencia muestra que la población respalda estos impuestos. Encuestas recientes realizadas por organizaciones académicas y de salud revelan que existe un amplio apoyo social para gravar productos dañinos, siempre que los recursos se destinen a servicios públicos esenciales, como salud o educación. En conclusión, los impuestos saludables no son como los demás impuestos. Son instrumentos que, cuando se diseñan y aplican correctamente, mejoran la salud, combaten la pobreza y fortalecen la transformación. Son progresivos, efectivos y justos. No se trata sólo de recaudar, sino de construir una sociedad más sana, más equitativa y con mejores oportunidades para todas y todos. *Alejandra Macías Sánchez: Economista por la UDLAP y doctora en Políticas Públicas por la Escuela de Gobierno y Transformación Pública del ITESM.