Hay declaraciones que pasan inadvertidas y hay otras que, por venir de quien vienen, obligan a detenerse. La revelación que hace Ken Salazar en su libro de memorias titulado "Las Fronteras: Mi Lucha por un EU incluyente", pertenece a la segunda categoría. Según el exembajador de Estados Unidos en México, un empresario muy cercano a Andrés Manuel López Obrador le confesó en agosto de 2024 que el entonces presidente estaba profundamente preocupado por la información que las autoridades estadounidenses podrían obtener de Ismael “El Mayo” Zambada. No por la captura del narcotraficante, no por la violencia que ha provocado el Cártel de Sinaloa durante décadas, sino por lo que pudiera contar. El señalamiento es devastador porque encaja demasiado bien con muchas piezas que llevamos años observando. Salazar asegura que su fuente, a quien llama “El Susurrador”, le dijo que López Obrador temía que el capo pudiera “soltar la sopa” sobre funcionarios públicos mexicanos. No menciona nombres o detalles. Es una referencia indirecta contenida en unas memorias personales. Pero cuando una afirmación de ese calibre coincide con una larga cadena de hechos documentados, deja de parecer una ocurrencia y comienza a parecer una hipótesis muy lógica. Desde hace años, el gobierno de López Obrador enfrentó cuestionamientos por su extraña relación con el fenómeno criminal. La política de “abrazos, no balazos” terminó convirtiéndose en una especie de doctrina de tolerancia frente a organizaciones criminales que ampliaron su presencia territorial como nunca antes. Durante el sexenio se registraron más de 200,000 homicidios y decenas de miles de desapariciones, mientras el discurso oficial insistía en que la estrategia estaba funcionando. A eso se sumaron episodios difíciles de explicar. El saludo del expresidente a la madre de Joaquín Guzmán Loera. La liberación de Ovidio Guzmán durante el primer Culiacanazo. Las reiteradas e inexplicables visitas presidenciales a Badiraguato. Los diversos artículos periodísticos publicados en la prensa internacional que hablan de presunto financiamiento del narcotráfico a las campañas de López Obrador. La negativa sistemática a confrontar verbalmente a los líderes criminales mientras se atacaba con enorme dureza a periodistas, empresarios, académicos y opositores. Cada hecho por separado podía tener una explicación. Todos juntos comenzaron a construir una narrativa. La detención de “El Mayo” Zambada en julio de 2024 alteró por completo ese equilibrio. Quizá por eso López Obrador reclamó airadamente a Biden por esa captura. Quizá por eso Sheinbaum se sumó a esa postura al grado de solicitar formalmente que “El Mayo” fuera repatriado para ser juzgado en México. No se trataba de cualquier narcotraficante. Era el criminal más importante de México y el capo más buscado del mundo, un hombre que durante décadas logró evitar la cárcel, la extradición y hasta la exposición mediática. Si alguien conocía los mecanismos de protección política que permitieron sobrevivir al Cártel de Sinaloa durante tantos años, era precisamente él. Por eso resulta relevante otro dato que exhibe Salazar. El exembajador sostiene que, después de la captura de Zambada y de las críticas que él mismo formuló contra la reforma judicial impulsada por López Obrador, la relación entre ambos se deterioró rápidamente. Según Salazar, el entonces presidente prácticamente dejó de hablarle, hasta desembocar en acusaciones públicas sobre una supuesta violación a la soberanía nacional. La coincidencia temporal llama la atención. El rompimiento ocurrió justo cuando Washington comenzaba a profundizar investigaciones relacionadas con el narcotráfico y cuando crecían las alertas sobre la captura política de las instituciones mexicanas. Salazar incluso escribió que un Poder Judicial electo “popularmente” podría facilitar una mayor influencia de los cárteles sobre la impartición de justicia.