Por Daniel J. Mitchell Los topes a las tasas de tarjetas de crédito propuestos por Hawley y Sanders perjudicarán a los pobres. Según un nuevo informe de la Reserva Federal de Nueva York, los estadounidenses han acumulado más de un billón de dólares en deuda de tarjetas de crédito, un máximo histórico. Es un récord que haría perder el resto del cabello a Dave Ramsey, pero aún peor: la proporción de saldos en morosidad grave subió a 7.1%, un nivel cercano al de la crisis financiera. En otras palabras, los estadounidenses están pidiendo prestado más y devolviendo menos. Esta tendencia alarmante ha atraído naturalmente la atención de políticos ansiosos por ofrecer una solución rápida. Desafortunadamente, la propuesta que está ganando apoyo bipartidista es un tope general a las tasas de interés de las tarjetas de crédito. Como la mayoría de las soluciones políticas rápidas, es una receta económica garantizada para dañar precisamente a quienes pretende proteger. El impulso de imponer topes se basa en una mala comprensión económica fundamental. Trata la tasa de interés como una tarifa arbitraria impuesta por bancos codiciosos, en lugar de lo que realmente es: el precio del riesgo. Esta filosofía equivocada está plasmada en la legislación introducida por el dúo populista de los senadores Josh Hawley (R-MO) y Bernie Sanders (I-VT), que busca imponer un tope nacional a las tasas APR, algunas veces tan bajo como 10%. No nos engañemos: dos políticos no saben más que el mercado y la ley de oferta y demanda que lo rige. Las consecuencias de imponer un precio máximo al crédito no son debatibles. Son históricamente seguras. Las tasas de interés de tarjetas de crédito son más altas que las de las hipotecas porque las tarjetas son deuda no garantizada: si un prestatario incumple, el banco no puede incautar un colateral. La tasa debe ser suficientemente alta para reflejar la tasa de impago esperada del conjunto de prestatarios de alto riesgo. Es un planteamiento errado. Ante la posibilidad de un tope impuesto por el gobierno, las empresas de tarjetas de crédito responderían como cualquier empresa: dejarán de extender crédito a quienes posiblemente no puedan pagar. Estudios muestran que incluso un tope tan alto como 18% pondría a casi el 80% de los prestatarios subprime en riesgo de perder acceso al crédito. En otras palabras, el tope de 10% propuesto por la alianza Hawley–Sanders tendría efectos devastadores en el acceso al crédito, potencialmente eliminando millones de cuentas. Las víctimas de esta política no serán los ricos, que ya califican para tasas preferenciales; ni los financieramente disciplinados, que pagan sus saldos completos. Las víctimas serán los económicamente vulnerables: la madre soltera trabajadora que necesita un colchón temporal, el inmigrante recién llegado que intenta construir historial crediticio, o el joven que trata de establecer su base financiera. Para estas personas, la propuesta Hawley–Sanders no traerá crédito barato, sino ningún crédito. Al cortar el acceso a tarjetas de crédito reguladas, millones de consumidores—especialmente aquellos con ingresos bajos o historiales imperfectos—serán empujados hacia el sector financiero en la sombra. Esto incluye prestamistas online no regulados y prestamistas de día de pago, que suelen cobrar comisiones y tasas a corto plazo muy superiores al 25% APR que ofrece actualmente el mercado. En otras palabras, las buenas intenciones de los legisladores terminan generando un impulso directo hacia la usura y la ruina financiera. Y eso no es todo. Incluso después de restringir el crédito a los prestatarios de mayor riesgo, los emisores de tarjetas seguirían teniendo que cubrir los altos costos operativos de mantener cuentas y combatir el fraude. Con su principal fuente de ingresos limitada, los bancos compensarían las pérdidas introduciendo o aumentando tarifas anuales, cargos por pagos tardíos y cargos por exceder límite—costos que afectarían a todos los usuarios, sin importar su perfil crediticio. Para la mayoría, tener acceso a crédito—aunque sea costoso—es mucho mejor que no tener crédito. Proporciona un salvavidas esencial para reparaciones de emergencia, facturas médicas o choques de ingreso a corto plazo. Al establecer un tope, el Congreso está quitando el termómetro en lugar de atender el problema real del estrés financiero, dejando a los estadounidenses más vulnerables sin la única herramienta financiera regulada y común de la que dependen. La clave para reducir la deuda es aumentar la responsabilidad y adoptar políticas de libre mercado que generen prosperidad, no una planificación económica intervencionista. ****Daniel J. Mitchell es un economista que se especializa en política fiscal, en particular en reforma tributaria, competencia fiscal internacional y la carga económica del gasto público.