Esta semana el INEGI publicó la Encuesta Intercensal 2025: la fecundidad mexicana cayó de 1.9 hijos por mujer en 2019 a apenas 1.2 en 2024. La diferencia entre estados es enorme. Chiapas tiene una tasa de fecundidad de 1.8, mientras que la Ciudad de México tiene apenas 0.8. Y, al mismo tiempo, la edad mediana de México pasó de 29 a 32 años en solo cinco años. En la Ciudad de México es de 37, mientras que en Chiapas es de 26. México está cambiando rápidamente la forma de su pirámide poblacional. Pero lo mismo está ocurriendo a escala mundial. Según la ONU, en más de uno de cada diez países y territorios la fecundidad ya está por debajo de 1.4 hijos por mujer, entre ellos China, Corea del Sur, Italia y España. En 63 países, incluidos China, Alemania y Japón, la población ya alcanzó su máximo. México está envejeciendo. El mundo está envejeciendo. Y quizá una de las preguntas económicas más importantes de las próximas décadas sea qué ocurre cuando las instituciones que construimos para una sociedad joven tienen que funcionar en una sociedad cada vez más vieja. Durante buena parte del siglo XX, las instituciones fueron diseñadas bajo la premisa de que siempre habría una generación grande de jóvenes entrando al mercado laboral. Pero ¿qué pasa cuando eso deja de ser cierto? Una sociedad que envejece cambia la relación entre quienes trabajan, quienes reciben transferencias y quienes dependen de los servicios públicos. En México, según la misma encuesta, la mitad de los hogares recibe ingresos no laborales, frente a 38.5% hace cinco años. La demanda por escuelas y universidades puede cambiar, mientras aumenta la presión sobre los sistemas de salud, pensiones y cuidados. Y cuando hay menos personas en edad de trabajar para sostener sistemas públicos, la diferencia la pagan los trabajadores de hoy, los contribuyentes de mañana o las generaciones futuras a través de mayor deuda. Durante décadas dimos por sentado que habría suficientes trabajadores para sostener a una población relativamente pequeña de adultos mayores. Ahora la proporción está cambiando. Esto debería hacernos replantear cuánto de nuestra seguridad económica debería depender de nuestras propias decisiones de ahorro, inversión y previsión, y cuánto debería depender de programas de pensiones estatales. La transición demográfica no tiene por qué terminar en una crisis. Una sociedad puede responder con mayor productividad, tecnología, inmigración, mayor participación laboral, más ahorro o reformas a sus sistemas de pensiones. Pero también puede hacerlo permitiendo que las personas conserven una mayor parte de sus ingresos, acumulen patrimonio y tomen más decisiones sobre su propio futuro. No hay una solución sencilla, pero sí una decisión institucional: podemos intentar que un Estado cada vez más grande sostenga a una población cada vez más vieja, o podemos crear las condiciones para que individuos, familias, empresas y comunidades tengan mayor capacidad de prepararse para ese futuro. ¡Hasta la próxima! ***Directora de FEE Studios, FEE