Abro con una pregunta al expresidente que “no podemos dejar en paz” y vive en un lugar de triste nombre: ¿Por qué ante miles de desapariciones forzadas la respuesta de su gobierno fue instalar una monstruosa maquinaria de impunidad? Se dice que los campos de exterminio nazis existieron porque fue la voluntad colectiva de muchos. En México cada hora desaparece una persona, hay más de 70 mil muertos sin identificar, fosas comunes, fosas clandestinas, campos de exterminio, osamentas cremadas por todo el territorio nacional y un régimen que niega una crisis humanitaria “espeluznante” –como la definió la ONU– y que en el sexenio de AMLO recibió total impunidad. A la “desaparecida” titular de la Comisión Nacional de Derechos Humanos, Rosario Piedra Ibarra –a esa que defiende intereses oficiales en lugar del interés de las víctimas–, la obligaron a salir de su modorra para responder a la ONU que el gobierno “no consiente, permite u ordena la desaparición de personas como parte de una política de Estado”. Cierto, un gobierno puede no ordenar la desaparición de personas, pero viola pactos internacionales de derechos civiles y se convierte en cómplice indirecto cuando no investiga, cuando no castiga y sólo tiene voluntad política para la impunidad. En lugar de enfrentarse a la ONU, de negar que hay “una situación crítica y generalizada de desapariciones” –que alcanzó su clímax en el sexenio de López Obrador cuando a las 100 mil desapariciones acumuladas se sumaron otras 50 mil–, Sheinbaum debería dedicarse a desmontar el sistema de impunidad que le heredó su jefe político. López Obrador pasará a la historia como el Presidente que gobernó para la impunidad. Por razones oscuras e incomprensibles ocultó cifras y exigió “rasurar” las estadísticas. Destituyó a la titular de la Comisión Nacional de Búsqueda, Karla Quintana, cuando se atrevió a informarle que el sexenio morenista era campeón en desapariciones. Ante una “crisis forense” –calificada como inédita por la ONU– con cadáveres mutilados acumulados sin identificar y miles de familias buscando a sus hijos, ordenó el desmantelamiento de las instituciones –el Centro Nacional de Identificación Humana, el Banco Nacional de datos Forenses– dedicadas a la búsqueda e identificación de personas desaparecidas. La desaparición forzada se ha convertido en México en el “rey de los delitos”, en el “crimen perfecto” y no solo por la ausencia de un cuerpo, sino porque el Estado mexicano está rebasado. Las fiscalías no investigan, los casos no llegan a los tribunales, las víctimas se quedan sin justicia y los criminales sin castigo. En pleno empoderamiento de los cárteles del crimen organizado, Morena aprobó una extraña ley de Amnistía para dejar en libertad a delincuentes que “pueden ayudar a conocer la verdad sobre casos como el de Ayotzinapa” cuando en materia de violación de derechos humanos la amnistía –el perdón, la no investigación–, es simple y sencillamente un pasaporte a la impunidad. ¿Hay algo que pueda hacer Sheinbaum? Sí. Abandonar el “negacionismo” como se hizo en Teuchitlán. Dejar de proteger la red político criminal con gobernadores y presidentes municipales construida por su antecesor. Devolverles a los mexicanos el derecho a regresar a su casa, a no estar condenados a la desaparición forzada. La “No Repetición”, el “Derecho a Saber” de las familias y los colectivos, el “Deber de la Memoria” para impedir la normalización de un crimen horripilante deberían ser los pilares de la lucha contra la impunidad de este gobierno. Desmontar la monstruosa maquinaria de impunidad exige de voluntad política y de un Poder Judicial autónomo que López Obrador mandó destruir y que el 1 de junio –con la complacencia del actual gobierno– recibirá el tiro de gracia. ***Directora de la Revista Siempre.