Por Daphne Posadas Directora Editorial Asociada México es un país con una cultura y gastronomía vibrantes, pero el gobierno busca meterse hasta en la sopa. Hace unos meses reportamos en este mismo boletín cómo la Ciudad de México aprobó una ley que obliga a los propietarios de viviendas con un valor superior a 4.5 millones de pesos a informar sobre el uso específico de sus inmuebles, incluyendo el número de personas que los ocupan. También escribí sobre la “Guerra contra los snacks”, donde además del etiquetado frontal, la presidenta Claudia Sheinbaum prohibió la venta de dulces, frituras y bebidas azucaradas en las escuelas y universidades. Hoy el gobierno busca imponer a los videojuegos como Call of Duty bajo la absurda premisa de ser los responsables de la violencia en el país. Y mientras tanto, otra polémica: la guerra contra el “Electrolit” una bebida hidratante registrada como un medicamento. Para los legisladores de Morena, esta bebida debería ser catalogada como un refresco por su alto contenido de azúcar. Según El País, detrás de esta cruzada hay algo más que preocupación por la salud pública: una disputa política entre el gobierno y Laboratorios Pisa, uno de los gigantes farmacéuticos en México. Cuando los gobiernos fracasan en proveer lo básico, es risible que intenten regular los gramos de azúcar o el tipo de contenido que consumimos. No es algo nuevo, hace unas semanas en The Freeman compartimos un ensayo publicado en 1967 sobre la regulación de ácido clorhídrico. Más de medio siglo después, la lección sigue vigente.