Ayer trascendió que el convenio modificatorio del contrato de concesión de PASA, con el XXII Ayuntamiento, que encabezó Gustavo Sánchez Vázquez, fue eliminado de la página oficial del gobierno municipal. En ese documento deben estar plasmados los motivos por los que, Sánchez, incrementó el pago a la empresa, de 2.5 a 8 millones, por el confinamiento de la basura. ¿Quién y por qué lo eliminaron? Allá por el 2004, el padre Enrique Maza, nos contó la historia de un pie de página (P.,85) de su libro “Medios de Comunicación Realidades y Búsquedas. El 8 de enero de 1983, durante el gobierno de Miguel de Lamadrid, en medio de un gran escándalo, metieron a la cárcel a Everardo Espino, director de Banrural y Julio Sherer fue a entrevistarlo al reclusorio. Nos narró el padre Maza: “Ese señor le prometió que cuando saliera de la cárcel le iba a entregar un archivero con documentos que involucraban a un grupo de funcionarios en actos de corrupción y lo cumplió, pero, luego se arrepintió. Julio me preguntó: ¿Se los devuelvo? Y yo le dije; no Julio, porque esos documentos son públicos”. En su libro, “El Poder, Historias de Familia”, cuenta Sherer que Everardo Espino le dijo: “Ahí le dejo esa gran caja, haga con ella lo que se le parezca”. A los días pidió que se la devolviera… la nota al calce, del libro del Padre Maza, dice: “Debe quedar claro que los papeles, notas y documentos de una gestión pública desde una institución gubernamental, por su esencia misma, deben ser del conocimiento de todos, puesto que pertenecen a la administración pública, de cuyos manejos y decisiones dejan constancia”. “...No sólo son de interés colectivo, sino que pertenecen al público por su contenido mismo, que es la administración de un dinero, de unos bienes y de un destino que no es propiedad de un funcionario, ni de una oficina gubernamental, ni propiedad del gobierno, sino del pueblo de México”. El hecho, de que un funcionario público, guarde en su archivero los documentos públicos no los hace de su propiedad. “Por esencia y contenido le siguen perteneciendo a la nación”. Y si caen en manos de un periodista, por la circunstancia que sea, no es deshonesto si los publica: “En esto no se traiciona ninguna confidencia, sino que se devuelve al público lo que le pertenece por derecho…”. “No se puede aceptar que la administración pública y sus documentos se conviertan en propiedad privada”. «Hoy, en pleno siglo XXI», no se puede, ni se debe aceptar que se borren, quemen, pongan bajo llave o reserven documentos públicos a 10 años bajo el cínico argumento de la “seguridad nacional”. ¿Por qué borraron el adendum de Gustavo Sánchez? ¿Por seguridad nacional o personal?