En el marco de la presentación del Paquete Económico 2026 y su discusión en el Congreso, el Centro de Investigación Económica y Presupuestaria (CIEP) presentó el análisis: “Deuda creciente por presiones estructurales. Análisis del endeudamiento en México”. Este estudio muestra que el endeudamiento no es sólo resultado de crisis coyunturales, sino también de presiones estructurales como: Pensiones Costo financiero de la deuda Caída de ingresos petroleros Hallazgos principales Aunque la deuda/PIB se estima estable en 52.3%, la deuda respecto a ingresos presupuestarios llegaría a 232% en 2026. Cada habitante tendría una deuda de 151 mil pesos en promedio. Para 2026, el costo financiero de la deuda (4.1% del PIB) superará al gasto en salud (2.6%). Una trayectoria creciente de deuda podría reducir la inversión pública, afectando crecimiento, productividad y recaudación futura. Implicaciones de política La sostenibilidad fiscal no debe medirse solo con deuda/PIB. Es necesario un enfoque más amplio que considere: Compromisos intergeneracionales Bienestar social Estabilidad macroeconómica Equidad y eficiencia del gasto El CIEP concluye que México necesita una reforma fiscal integral y responsable que garantice estabilidad y proteja los derechos sociales. La deuda pública en México ha aumentado en los últimos años, incluso por encima de los niveles registrados durante crisis anteriores. Esto evidencia que el endeudamiento no responde a shocks externos, sino a presiones estructurales, como el envejecimiento poblacional, el costo financiero de la deuda o la situación fiscal de Pemex. Indicadores como la deuda respecto a los ingresos presupuestarios (232%) o la deuda per cápita (151 mil pesos en 2026) muestran que la carga sobre la población sigue creciendo, incluso bajo los escenarios de consolidación planteados en los CGPE 2026. El desbalance fiscal ha sido de tal magnitud que, para 2026, el costo financiero de la deuda será equivalente al endeudamiento, ambos en 4.1% del PIB. Lograr una trayectoria decreciente en el endeudamiento implicaría mantener recortes en el gasto público, particularmente en la inversión y en el medio ambiente, tal como lo proyecta la SHCP (2025). De mantenerse esta tendencia, podrían comprometerse el crecimiento económico, la productividad (actualmente en su nivel más bajo) y la recaudación futura. Aunque el indicador de deuda como porcentaje del PIB plantea una posible estabilización en 52.3%, según la SHCP (2025), esta dependerá de múltiples factores (varios fuera del control del gobierno), como el crecimiento económico, las tasas de interés, el tipo de cambio o la inflación. Además, dicho indicador no incorpora los efectos de la transición demográfica, epidemiológica o energética. Esto generará mayor presión sobre las finanzas públicas, debido al aumento en la demanda de servicios de salud, cuidados y pensiones. Por estas razones, la sostenibilidad fiscal no puede evaluarse únicamente a través del indicador deuda/PIB. Es necesario adoptar un enfoque más amplio que considere la evolución del endeudamiento, la presión sobre los ingresos públicos y los compromisos intergeneracionales. Esto requiere una reforma fiscal responsable e integral, que priorice no solo la estabilidad macroeconómica, sino también la equidad, la eficiencia del gasto y la protección del bienestar social, asegurando el financiamiento público sin comprometer a las futuras generaciones.