Rodolfo de la Torre* En 2018, el 38% del presupuesto de los programas sociales era considerado como relevante para el combate a la pobreza, de acuerdo al Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social (Coneval). Para 2021, se anticipa que esta cifra aumentará a 46% en 2021. Esto, que podría considerarse un logro de la política social, desafortunadamente se convierte en testimonio de un potencial de eficacia perdido al observar el pobre desempeño de los programas sociales. Según el documento de Consideraciones para el Proceso Presupuestario que el CONEVAL viene publicando anualmente desde hace una década, un programa social se considera relevante para el combate a la pobreza si al menos tiene el potencial de incidir en alguna de las seis carencias no monetarias (alimentación, salud, educación, seguridad social, y materiales y servicios de la vivienda) o en el ingreso de aquellos que la sufren. La relevancia de los programas sociales significa que, en principio, apuntan a objetivos pertinentes, aunque su cumplimiento no está garantizado. Puesto de otra forma, hay buenas intenciones de la política social, quedando por verse si también se avanza a la obtención de buenos resultados. En cuanto a relevancia, los programas sociales han mejorado notablemente. El Coneval también se encarga de evaluar si los programas tienen un desempeño adecuado para lo que se proponen alcanzar. Esto se hace estableciendo si monitorean y evalúan recurrentemente su evolución, incluyendo sus problemas operativos por la pandemia, cuidan su incidencia distributiva en la población, se vinculan a la atención de carencias sociales y analizan su contribución a la reducción a la pobreza. Un buen desempeño de los programas sociales corresponde al adecuado cuidado de los procesos que los vinculan con los resultados que pretenden, aunque estos últimos puedan no alcanzarse por circunstancias fuera del control de la política social. En este sentido la política social ha tenido un decepcionante funcionamiento. El Coneval señala que en 2019, los programas sociales alcanzaron un desempeño promedio de 66%, lo que calificó como “insuficiente”. Para 2020, con criterios más precisos, el porcentaje promedio se redujo a 64%, lo que ameritó denominar el cumplimiento efectivo de metas como “bajo”. Cabe mencionar que los programas con mayor presupuesto suelen ser los de peor desempeño, mientras que los de mayor efectividad en el cumplimiento de sus metas son aquellos que presupuestalmente tienen poco peso. En los últimos dos años la Secretaría de Educación Pública ha tenido el peor desempeño (63% en 2019 y 56% en 2020) manejando el mayor monto de recursos. Para 2020 se ha unido a esta categoría la pensión para adultos mayores (56% de efectividad). Debe enfatizarse que esta evaluación no depende de la reducción de pobreza alcanzada, la cual puede estar influida por eventos excepcionales como la pandemia o la crisis económica mundial. Lo que se califica es aquello que está en manos de quienes ejecutan la política social. Dada esta situación, es urgente que para el presupuesto 2022 se replanteen los mecanismos de diseño, ejecución y monitoreo de la política social. Para ello, el propio Coneval señala el camino identificando los programas altamente pertinentes y efectivos para el combate a la pobreza que hay que conservar o fortalecer, así como los programas que por su irrelevancia o pobre desempeño habría que mejorar con urgencia o eliminar. Desafortunadamente, esta información ya ha sido pasada por alto en el pasado reciente. En 2019 se eliminaron 18 programas relevantes para el combate a la pobreza, incluyendo PROSPERA, que además tenía evaluaciones que le acreditaban un elevado desempeño. Esperemos que los diputados y las diputadas entrantes tomen en cuenta las consideraciones presupuestales que el Coneval les ofrece. No hacerlo puede llevarlos a la irrelevancia por su pobre desempeño. *Director de Desarrollo Social con Equidad del CEEY.