Por Mariana Campos La iniciativa de la Ley General para el Fortalecimiento y Armonización Catastral y Registral no cambia los incentivos para recaudar más predial y gastarlo mejor. Tampoco para que la ciudadanía lo pague y, con ello, financie desde calles sin baches hasta policías profesionales. Hace 250 años, Adam Smith sostenía que una parte del valor del suelo era producto del buen gobierno y que, por tanto, resultaba razonable gravarla. De su reflexión se desprende no sólo el vínculo entre buen gobierno y cobro del impuesto a la tierra o predial, sino que el valor de una propiedad no se define sólo por sus características físicas, sino por la seguridad, la infraestructura, la movilidad y los servicios públicos. Si estos servicios son deficientes, ¿cómo pretender que los ciudadanos acepten pagar más predial sin exigir mejores resultados? El desafío no es sólo recaudatorio; también es de confianza y legitimidad fiscal. La iniciativa de la Ley General para el Fortalecimiento y Armonización Catastral y Registral, aprobada por la Cámara de Diputados y enviada al Senado, busca modernizar los catastros. Pero modernizar el cobro no garantiza mejores servicios ni mayor confianza. Millones de propietarios pagan predial sin saber a dónde va su dinero y no confían en que la autoridad lo gaste bien. Mientras tanto, calles y espacios públicos siguen deteriorados, con alumbrado insuficiente, y un nivel de inseguridad que en la última década ha promediado más de 30 millones de víctimas anuales, según la Encuesta Nacional de Victimización y Percepción sobre Seguridad Pública. Un impuesto que implica reciprocidad Un predial bien diseñado mejoraría los servicios públicos municipales y la seguridad, pero actualmente se aprovecha poco o nada. Según el Censo Nacional de Gobiernos Municipales y Demarcaciones Territoriales de la Ciudad de México 2025, 14% de los municipios no realiza actividad catastral ni de cobro de predial. Por su parte, la Estadística de Finanzas Públicas Estatales y Municipales muestra que los municipios que reportaron ingresos por predial pasaron de 2,110 en 2002 a 1,760 en 2024. Ese mismo año, de acuerdo con ese mismo censo, municipios de 31 entidades programaron recaudar más de 90 mil millones de pesos y sólo cobraron alrededor de 48,700 millones, la mitad. No basta con actualizar el valor catastral de los inmuebles; los municipios tienen que asumir su responsabilidad de mejorar los servicios públicos. Por eso importa qué ocurre con el dinero recaudado. En México Evalúa proponemos que una proporción del predial se destine a mejorar los servicios y la infraestructura de la localidad o las colonias. En particular, usarlo para impulsar la seguridad. El objetivo es establecer una regla que obligue a que parte de la recaudación se traduzca en mejoras visibles, verificables y cercanas a los contribuyentes. La idea se apoya en la “reciprocidad fiscal”: el cumplimiento se fortalece cuando las personas ven que sus contribuciones se traducen en resultados. Se trata de hacer visible el beneficio colectivo de contribuir. Condiciones para una mejor recaudación de predial Hay referentes internacionales de esta medida. En Estados Unidos, la recaudación del impuesto sobre la propiedad se distribuye entre las distintas jurisdicciones prestadoras de servicios, incluidas las responsables de las escuelas. En Nueva York, los Business Improvement Districts (distritos de mejora empresarial) cobran contribuciones especiales para limpieza, seguridad y mantenimiento de la zona. En Santa Fe, Argentina, mejoras de banquetas incentivaron pagos posteriores de predial. Estas medidas muestran que las aportaciones pueden vincularse a mejoras territoriales. También hay evidencia experimental en México. En Acayucan, Veracruz, la pavimentación de calles elevó el cumplimiento del predial entre los propietarios beneficiados. Otro referente es el Fideicomiso para la Competitividad y Seguridad Ciudadana de Chihuahua. Éste canaliza recursos público-privados a seguridad, con fondos etiquetados a prevención, justicia penal y dignificación policial, sujetos a monitoreo y auditoría externos. No es predial ni replicable como tal, pero muestra que etiquetar el ingreso propio a un beneficio tangible y someterlo a escrutinio fortalece la disposición a pagar. Otra condición es la transparencia. Imaginemos recibir, junto con el recibo del predial, un informe claro sobre las mejoras realizadas en nuestra localidad. Cada contribuyente sabría cuánto se recauda en su localidad, qué obras se financiarán y cuáles se concluyeron. La comunidad participaría en la definición de prioridades y vigilaría resultados incluso por colonia. Tal vez entonces dejaríamos de ver este impuesto como una carga sin destino y empezaríamos a exigir y reconocer su valor público.