Por Rodolfo de la Torre* 2024 fue el año de aumentar el gasto público para ganar votos. 2025 será para que todos los ciudadanos paguen la cuenta. Los fuertes recortes presupuestales para atender el déficit público se deben al gobierno anterior. Al actual le tocará decidir qué servicios públicos guillotina. El sello hacendario del nuevo régimen se va reafirmando: cercenar el gasto en salud, educación y seguridad y dar prioridad a obras insignia y a subsidios de alta rentabilidad electoral. Las futuras generaciones serán las que más paguen. El oportunismo electoral del gasto público fue claro. Por ejemplo, en 2024 el Presupuesto de Egresos de la Federación aumentó el gasto social 77.5% más que el gasto programable (en bienes y servicios, excepto deuda). Esto, sin embargo, dejó igual lo dedicado a salud y educación como proporción del PIB. En cambio, las transferencias monetarias, en particular las pensiones no contributivas a adultos mayores aumentaron 0.3 puntos del PIB. Más recursos llegaron al bolsillo de la población votante que al resto. Los cuantiosos aumentos del gasto en subsidios, en obras de dudosa rentabilidad social y en otros rubros deben ser pagados ahora para no generar la insolvencia del país. En 2024 el gasto público rebasó las posibilidades de financiarlo con ingresos propios en 5.9% del PIB, una cifra no vista en décadas. Reducir este déficit a proporciones manejables inevitablemente hace que el gasto programable sufra un recorte en 2025, el cual será de 1.8% del PIB. La fiesta electoral del gobierno pasado requiere sacrificios. La miopía política guía la tala presupuestal. El gasto en salud, persistentemente abajo de lo recomendado internacionalmente y con grandes subejercicios, sufrirá un recorte de 12.2%. El gasto educativo, también por debajo de lo recomendado y con recursos por estudiante prácticamente estancados, se reducirá inicialmente en 0.5%. El gasto en seguridad, que en 2022 había caído sin poder recuperarse hasta hoy, tendrá un recorte de 15%. La inversión en capital humano y en protección a las personas son relegadas. Lo que se prioriza es el gasto de alto simbolismo y aquel con un gran rendimiento electoral. De esta forma se aumenta el gasto en el Tren Maya y el AIFA, que absorben más recursos de los que generan, y en nuevas rutas de trenes, aunque hay una reducción de 12.7% en la inversión física nacional. Además, se incrementa 4% el gasto en la pensión de adultos mayores y se crean tres nuevos programas sociales. Se privilegia el gasto que los electores califican mejor, según las encuestas de aprobación presidencial. El efecto previsible de la magnitud y la forma de distribuir los recortes presupuestales es la reducción del bienestar de las futuras generaciones. Según los resultados del estudio “Gasto en salud y resultados en salud en América Latina y el Caribe” de la Organización Panamericana de la Salud, un cambio en el gasto en salud del 10% afecta en 0.19% la esperanza de vida. Para México esto implica que en el recorte al sector acortaría la esperanza de vida en México en un par de meses. De forma similar, del análisis del gasto educativo de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico se infiere que aún con la “corrección” al presupuesto universitario, el bajo gasto educativo por estudiante mantendrá estancados los resultados de la prueba PISA en niveles semejantes a los del año 2000. Quizás lo más preocupante sea que se frenen los escasos avances en lectura, se acelere el declive en matemáticas y que comience un franco retroceso en el aprendizaje de las ciencias. Además de su valor intrínseco, la salud y la educación son factores generadores de crecimiento, y cuyo declive reducirá el potencial de expansión de la economía. A ello se agregará una menor inversión pública productiva, que dificultará fructifique la inversión privada. Por si esto fuera poco, el menor gasto en seguridad suele asociarse con un mayor crimen organizado que obstaculiza la actividad empresarial. Esta combinación de elementos acentuaría la tendencia al deterioro de la productividad económica en el país. De esta forma, fiel a sus intereses políticos, el nuevo régimen salvaguardará su popularidad con cargo a las futuras generaciones. * Director de Movilidad Social del Centro de Estudios Espinosa Yglesias (CEEY).