Por Samuel Bautista El Paquete Económico 2026 enfrenta una importante encrucijada en la cual se requiere del fortalecimiento de las finanzas públicas para impulsar inversiones y programas públicos sin que esto afecte negativamente el crecimiento económico del país. Es en este contexto que el Ejecutivo propone un déficit presupuestario equivalente a 3.6% del PIB ($46.1 mil millones de pesos más que para el año pasado), lo cual redundaría en una deuda pública estimada de 52.3% del PIB. Este déficit deriva de una estimación de los ingresos públicos del orden de $5.8 billones de pesos y una propuesta de gasto que llega a los $9.2 billones. Respecto al año anterior, son más altos los ingresos proyectados por $383.9 mil millones de pesos y el gasto neto total por $566.2 mil millones. Este enfoque, de ser ejercido a cabalidad, podría proteger la estabilidad financiera y fiscal en el mediano plazo. Ahora bien, ¿cuáles son las implicaciones de este proyecto de Paquete Económico para las Tecnologías de la Información y la Comunicación (TIC)? Presupuesto para organismos vinculados a las TIC Destaca ahí que aún no se asigna presupuesto para los nuevos organismos dedicados a regular y emitir política de competencia para el sector de telecomunicaciones, a saber, la Comisión Reguladora de Telecomunicaciones (CRT) y la Comisión Nacional Antimonopolios (CNA). Esto se debe a que, si bien estos organismos nacen de la reforma constitucional en materia orgánica, la creación de la Ley en Materia de Telecomunicaciones y Radiodifusión (LMTyR) y las reformas a la Ley Federal de Competencia Económica (LFCE), aún está pendiente el nombramiento de sus plenos de comisionados y, por lo tanto, su existencia presupuestaria. En línea con lo anterior, el Instituto Federal de Telecomunicaciones (IFT) y la Comisión Federal de Competencia Económica (COFECE) serán eliminados por lo que no cuentan con asignaciones presupuestarias. Por otro lado, se proyecta un aumento presupuestario para la Agencia de Transformación Digital y de Telecomunicaciones (ATDT), que pasa de $3.01 mil millones aprobados para 2025 a $3.85 mil millones de pesos propuestos para 2026, es decir, un aumento anual de 22.1% en términos reales. Este presupuesto incremental, si bien no parece contemplar el fondeo para la CRT (pues es un organismo desconcentrado de la ATDT), sí responde a las múltiples atribuciones de la Agencia que abarcan la digitalización de trámites, la mejora regulatoria, la política de conectividad universal y aspectos de la política satelital nacional, entre otras. La ganancia presupuestal de la ATDT afecta el presupuesto de la Subsecretaría de Comunicaciones y Transportes, pues muchas de las políticas de conectividad quedan en manos de la Agencia. De ser aprobado el paquete económico, perdería 48.4% en relación con el presupuesto anterior. A su vez, Financiera para el Bienestar (Finabien), que depende de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) y presta servicios financieros con enfoque social a través de telecomunicaciones, registra un incremento anual de 36.8%, reflejando la prioridad del Ejecutivo por prestar servicios que facilitan a los connacionales la recepción, por ejemplo, de remesas. El Servicio Postal Mexicano (SEPOMEX), por otro lado, muestra un incremento presupuestal del orden de 24.9%, lo cual podría resultar en mejoras para las actividades de entrega de paquetería por parte del Estado, siendo esto crucial para una economía que, después de la disrupción en la industria logística de empresas como Amazon, Alibaba, Mercado Libre, entre otras, demanda mayores servicios de este tipo. Otro ganador en las variaciones presupuestarias es el Centro Nacional de Información Plataforma México (+17.9%), demostrando el énfasis que la actual administración ha puesto en el aprovechamiento de herramientas tecnológicas en materia de seguridad pública. En contraste, los medios públicos, fundamentales para la difusión cultural, educativa e informativa, recibieron, en conjunto, un recorte de 4%. Cabe destacar que esto no es de manera homogénea ya que el Sistema Público de Radiodifusión del Estado Mexicano (SPR) y Radio Educación recibieron, respectivamente, aumentos reales del orden de 14% y 4.2%, mientras que Canal 11, Canal 22 y el Instituto Mexicano de la Radio, recortes de 14.6%, 7.2%, 2.3% respectivamente. Una de las reducciones presupuestales más llamativas es la de la Dirección aprende.mx, del ramo de educación pública, pues registra una caída de 82.3%, lo cual podría estar asociado con la menor importancia que da el gobierno a la producción y difusión de materiales para el sistema educativo en el periodo postpandemia. Impuestos e ingresos esperados Por el lado de los ingresos, se espera una ligera disminución en el IEPS para las redes públicas de telecomunicaciones (0.3%) y una caída en los ingresos por derechos de espectro (-4.5%), lo cual está asociado con la contención de las inversiones en el sector de telecomunicaciones, aspecto que podría ser resuelto con mayor claridad regulatoria. Al mismo tiempo, se introducen nuevos impuestos; un IEPS de 8% a los videojuegos violentos, con una recaudación estimada de $183 millones de pesos, y un IEPS de 50% a los juegos de apuestas en línea. El Paquete Económico 2026 refleja una estrategia orientada a fortalecer el papel del Estado en sectores clave vinculados a la transformación digital, los servicios financieros y la logística. El incremento en recursos para la ATDT, Finabien y SEPOMEX apunta hacia una mayor centralización de capacidades en torno a la digitalización, la inclusión financiera y la distribución de bienes, áreas estratégicas para el desarrollo económico y social. En contraste, los recortes en medios públicos y en programas educativos digitales plantean interrogantes sobre la continuidad de políticas orientadas a la difusión cultural y a la innovación en el sistema educativo. Adicionalmente, las estimaciones a la baja en ingresos por telecomunicaciones y espectro sugieren la necesidad de mayor certidumbre regulatoria para reactivar la inversión privada. Por último, la introducción de impuestos a videojuegos y apuestas en línea abre un espacio de discusión legislativa en torno al equilibrio entre recaudación, regulación de contenidos y dinámicas de mercado.