Por María Amparo Casar Analista política y presidenta de Mexicanos Contra la Corrupción y la Impunidad y Leonardo Núñez González Analista político e investigador de Mexicanos Contra la Corrupción y la Impunidad La frase “por el bien de todos, primero los pobres” ha acompañado a Andrés Manuel López Obrador desde hace más de dos décadas y hoy, en el poder, se supone que orienta toda la política social del gobierno federal. El diagnóstico del que parte esta promesa no está equivocado. La ingente cantidad de mexicanos sumidos en la pobreza y la inadmisible desigualdad son consecuencia de esfuerzos insuficientes y políticas fallidas de muchos gobiernos anteriores. Ningún escenario de prosperidad puede funcionar sin hacerse cargo de la cuestión social. Pero la frase no pasa de ser parte de un discurso bien armado y convincente. Las intenciones del presidente no se han traducido en políticas públicas medianamente eficaces. La pobreza ha empeorado, la desigualdad también, y los recursos dedicados al gasto social en los primeros tres años de esta administración, contra lo que se dice, son menores a los que dedicó Peña Nieto en el mismo periodo. En los hechos, los programas sociales de este gobierno han demostrado que no tienen como fin último la mejora en la distribución de los recursos o la atención sustantiva de las personas más necesitadas, mucho menos la ruptura del ciclo perverso de pobreza intergeneracional. Por el contrario: fueron diseñados y operan bajo premisas eminentemente políticas, en las que lo más importante es entregar recursos monetarios para apuntalar la popularidad y los intereses electorales del presidente. La técnica para la hechura de políticas públicas ha sido lo menos importante. Terminaremos el sexenio con la paradoja de una política social de mucho ruido y pocas nueces, poniendo la palabra bienestar hasta en los tanques de gas, pero sin alcanzar la mejoría de los más pobres. Los dichos, los hechos y el capitán amarrado al mástil El discurso prometió un antes y un después que no se dio: “Haremos a un lado la hipocresía neoliberal. El Estado se ocupará de disminuir las desigualdades sociales, no se seguirá desplazando a la justicia social de la agenda del gobierno. No se condenará a quienes nacen pobres a morir pobres”. Las cifras del Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social (Coneval) desmienten estas palabras. Señalan que hoy 43.9 % de la población, 55.7 millones de mexicanos, se encuentra en situación de pobreza. Esto equivale a un incremento de 3.8 millones de pobres más que 2018 y representa una ruptura de la tendencia a la baja que se mantenía desde 2014. De los seis indicadores de carencias sociales que mide el Coneval (servicios de salud, seguridad social, calidad de la vivienda, servicios básicos y alimentación), la mitad empeoraron: la población en pobreza alimentaria pasó de 27.5 a 29.6 millones; el rezago educativo aumentó de 23.5 a 24.4 millones y la población que no tuvo acceso a los servicios de salud pasó de 20.1 a 35.7 millones. El presidente dice que 7 de cada 10 hogares reciben recursos de al menos un programa social. La Encuesta Nacional de Ingresos y Gastos de los Hogares (ENIGH) 2020 del Inegi lo desmiente: sólo 29.7 % de los hogares reporta recibirlos. La población en pobreza general pasó de 49.9 % en 2018 a 52.8 % en 2020 y la de pobreza extrema, de 14 % a 17.2 %. En 2016, el 67 % de los hogares en pobreza extrema declaraba recibir al menos un programa social. En 2020 ese porcentaje bajó a 43 %. Tras cada una de estas cifras hay una o varias políticas sociales fallidas del gobierno. El empeoramiento nutricional no puede comprenderse sin la eliminación del programa Prospera, que daba apoyos monetarios a 6.7 millones de familias de escasos recursos por hasta 2945 pesos mensuales, pero también complementos alimenticios y capacitación sobre nutrición.1 Prospera desapareció y en su lugar quedaron las Becas para el Bienestar Benito Juárez, cuya intervención se limitó a un apoyo económico de 800 pesos mensuales a cada familia, sin importar la cantidad de hijos, siempre y cuando éstos estudien. La caída en el acceso a la salud sólo es explicable por el galimatías en que se convirtió el Instituto de Salud para el Bienestar(Insabi), que prometió salud universal gratuita y un sistema “como el de Dinamarca”, pero que hoy sigue cobrando cuotas de recuperación para la atención de tercer nivel. Difícil que el Insabi logre sustituir exitosamente al Seguro Popular, que en 2018 ofrecía cobertura a 53.5 millones de personas para el pago de 670 medicamentos y 294 intervenciones quirúrgicas relacionadas con los padecimientos más comunes, así como los más costosos.2 Los últimos datos disponibles no sólo evidencian que las condiciones de vida de la población en general han empeorado, sino que las personas más pobres del país se han llevado la peor parte de este deterioro. El principal aumento en la pobreza se dio entre la población más vulnerable, pues la pobreza extrema pasó de afectar a 8.7 millones de personas en 2018 a 10.8 millones en 2020, un aumento de 2.1 millones. Pésele a quien le pese, los más pobres han quedado relegados. El abandono en los esfuerzos de focalización de los apoyos, un ejercicio sumamente tecnocrático a los ojos del presidente, ha provocado que los más necesitados dejen de ser la prioridad. De acuerdo con la ENIGH de 2020, mientras en 2018 el 60.7 % del primer decil de hogares más pobres recibía algún programa social, esa cifra cayó en 2020 hasta 39.7 %; es decir, más del 20 % de los hogares más pobres quedaron descubiertos con los cambios de la política social de este gobierno. Y, para rematar, las transferencias en efectivo han tenido un efecto regresivo. Según un estudio de Máximo Ernesto Jaramillo, la población “no pobre” que recibe algún programa social pasó, entre 2018 y 2020, de 20 % a 27 %. La conclusión no puede ser sino que la política social ha sido un fracaso, que promete agravarse en la medida en que este gobierno siga siendo incapaz de reconocer los errores de definición y diseño que se advirtieron desde un comienzo, así como los problemas de implementación y resultados negativos que aparecieron tras las primeras evaluaciones de sus programas sociales. Como Ulises amarrado al mástil de su embarcación para no caer en la tentación del canto de las sirenas, la política social de este gobierno está amarrada a las ideas y los mecanismos que el presidente López Obrador definió desde 2018 y ha prestado oídos sordos a todos los llamados de atención, sean de los especialistas, de la academia, de la sociedad civil o de las propias instituciones gubernamentales. El capitán y su timón inamovible avanzan sin dudarlo hacia un fracaso anunciado. Un fracaso todavía más lamentable si se piensa que, desde que hay democracia en este país, no se había tenido a un presidente con la fuerza suficiente en el Congreso para ordenar la aprobación de leyes y decretos y la distribución de un presupuesto a la medida de sus órdenes, sin que se le cambie ni una coma.

Un barco guiado por la política, no por la pobreza El discurso de Andrés Manuel López Obrador regresa una y otra vez a las condiciones de pobreza y desigualdad de la población mexicana. Por eso llama la atención que no haya articulado una política social integrada, sino una red de programas inconexos, sin padrones confiables, sin metas bien definidas y sin posibilidad, por tanto, de romper el círculo de la pobreza. Lo que sí hay que reconocerle es una inteligencia política de sobra, su conversión en el gran benefactor de los pobres y la muy exitosa capacidad comunicacional de una política de bienestar con claras intenciones electorales. Si se revisan las declaraciones, los discursos y hasta los libros de López Obrador, es imposible identificar metas sociales claras más allá de la denuncia de la pobreza y la desigualdad, la corrupción, la violencia y otros problemas del país que desaparecerían con la puesta en marcha de su proyecto de nación. El único momento en que se articuló una promesa específica y medible sobre la pobreza y la desigualdad fue en el documento técnico que la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP), todavía bajo el mando de Carlos Urzúa, intentó impulsar como el Plan Nacional de Desarrollo. En el eje general de “Bienestar”, se definieron dos indicadores específicos: el número de personas que saldrían de la pobreza y de la pobreza extrema. En ambos casos, los objetivos se medirían con los datos del Coneval. Para el primer indicador, la meta era tener 20 millones de personas menos con pobreza en 2024. Para el segundo, la meta era llegar al final del sexenio con 5 millones de personas menos en condición de pobreza extrema. Para lograr estos dos objetivos, dados los datos que tenemos de 2020, en los próximos tres años tendrían que salir de la pobreza 23.8 millones de personas y de la pobreza extrema, 7.1 millones. Una hazaña imposible de lograr. infografia4 El propio exsecretario Urzúa contó lo sucedido: “El presidente informó a quien esto escribe que ese documento sería reemplazado por uno de su propia creación. Me atreví a comentarle que a mi parecer su trabajo no era un plan, sino más bien un manifiesto político y que como tal podría constituir un largo prefacio del otro. Pero no fue aceptada mi propuesta; un secretario de Estado no es, después de todo, más que un secretario. Y así, al regresar a mi oficina del propio Palacio Nacional comencé a calcular las cajas que iba a requerir para desocuparla”.3 El Plan Nacional de Desarrollo redactado por el presidente López Obrador acabó siendo un popurrí de sus conferencias mañaneras y sus discursos en mítines. Las cifras históricas muestran el fracaso de sucesivos gobiernos mexicanos para combatir la pobreza y la desigualdad. Pero también muestran que en la atención a la pobreza extrema hubo algunos logros: limitados pero reales. Según el Coneval, entre 2008 y 2018 la cantidad de personas en situación de pobreza aumentó de 49 a 52 millones. Pero las personas en situación de pobreza extrema disminuyeron de 12 a 9 millones, una reducción de 11 % a 7.4 % de la población. Estos resultados no alcanzan para decir que la política social previa fue un éxito, pero sí que al menos una parte de ella, la enfocada a la población más vulnerable, tuvo consecuencias positivas, algo que la gestión de López Obrador no puede presumir. La reducción de la pobreza extrema se debió a políticas específicas no sólo para dar dinero a las familias más necesitadas, sino para crear condiciones que ayudaran a romper el ciclo de la pobreza intergeneracional y transformar las condiciones de los beneficiarios. El caso más significativo fue el programa Progresa-Oportunidades-Prospera (POP), que a lo largo de veinte años se convirtió en la política pública más y mejor evaluada del país y la que realizó mayores modificaciones para mejorar sus resultados.4 En vez de continuar, ampliar y mejorar este tipo de programas, el presidente López Obrador decidió dar un giro de 180 grados, eliminar todo vestigio de gobiernos anteriores y dejar claro que los programas sociales emanarían del presidente, convertido ahora en “El Gran Benefactor”.

Hubo en esto tres modalidades: • Programas que fueron renombrados para colocarles “la marca” del nuevo gobierno. La pensión para adultos mayores o ProAgro, por ejemplo, se mantuvieron prácticamente iguales (en algunos casos con cambio en el monto de los apoyos), pero se les cambió el nombre para adecuarlos a la imagen del nuevo gobierno: la Pensión para el Bienestar para Adultos Mayoresy Producción para el Bienestar. • Programas que fueron cancelados, modificados o sustituidos sin haber sido evaluados previamente y sin una política clara que los reemplazara, como los Comedores Comunitarios o el programa de Empleo Temporal. Otros fueron modificados, como el programa de estancias infantiles para madres trabajadoras, que dejó de ocuparse de la operación y financiamiento de las guarderías para concentrarse en la entrega de dinero a las beneficiarias. Otros más fueron sustituidos, como el ya mencionado Prospera, que dejó de lado toda la experiencia y complejidad acumulada en dos décadas para volverse simplemente el programa de Becas para el Bienestar Benito Juárez. • Programas completamente nuevos, emanados de la creatividad presidencial para cumplir promesas de campaña, como la idea de sembrar un millón de árboles, atender a los jóvenes que no estudian ni trabajan o los créditos a la palabra. Así surgieron Sembrando Vida, Jóvenes Construyendo el Futuro o el Crédito Ganadero a la Palabra. Dada la mayoría legislativa que obtuvo López Obrador en 2018, todas estas transformaciones en los programas sociales se hicieron sin mayores contratiempos, incluso antes de que el nuevo presidente tomase posesión del cargo. El Presupuesto de Egresos de la Federación de 2019 ya incluyó los cambios para renombrar, eliminar, modificar y crear los programas que el presidente quería. Recibieron en 2019 un presupuesto de más de 227 000 millones de pesos, que llegaron a 396 000 millones en 2022.5 Pese a su magnitud, estas cifras no implican, como se ha dicho repetidamente, un gasto sin precedentes para atender la cuestión social. Si se revisan los presupuestos, el gasto social total del gobierno pasó de 613 359 millones de pesos en 2018, todavía con Peña Nieto, a 672 686 millones en 2019. En 2022 subirá hasta 753 000 millones. Pero no son éstos los presupuestos de gasto social más altos de la historia, como se dice. En 2014, 2015 y 2016 las cifras fueron superiores, alrededor de los 800 000 millones por año en términos reales (pesos de 2021). No es verdad que este gobierno haya gastado más en la política social que ningún otro, a pesar de la reingeniería del presupuesto para entregar recursos sin cortapisas y sin considerar su costo-beneficio. Mayor abundancia de recursos han tenido otras prioridades del presidente. En 2022 Pemex y CFE recibirán 1 258 420 millones de pesos, cifra 14 % superior en términos reales a su presupuesto de 2018 y 67 % más alto que todos los programas de desarrollo social. Lo mismo puede decirse de recursos otorgados a las obras prioritarias de infraestructura, como el Tren Maya, el aeropuerto Felipe Ángeles o la refinería de Dos Bocas, y a las instituciones consentidas del presidente, como la Guardia Nacional y la Secretaría de la Defensa Nacional. Más información en https://contralacorrupcion.mx/primero-los-pobres-nexos-barco-deriva