Para evaluar qué ha implicado en términos de prioridades económicas la última alternancia de partido en el gobierno, la de 2018, conviene revisar cómo se ha modificado la asignación del gasto estos años. Entre 2018 y 2025, el gasto programable del sector público creció de forma modesta, pues se expandió 15 por ciento. Sin embargo, lo hizo a un ritmo mucho más acelerado el gasto en desarrollo social (aumentó en 35 por ciento), en detrimento del gasto en desarrollo económico (se contrajo 10 por ciento), en gobierno (una disminución de 21 por ciento) y de los recursos destinados a los fondos de estabilización de la economía (con una caída de 89 por ciento). Podría concluirse, entonces, que la prioridad ha estado directamente en el desarrollo social, que ahora absorbe siete de cada diez pesos del gasto programable total, cuando en 2018 era el 59.5 por ciento. Pero un acercamiento a las partidas de ese capítulo evidencia preocupantes decisiones de gasto. En el rubro de desarrollo social se incluyen la educación, la salud, la protección ambiental, vivienda y servicios a la comunidad, cultura y recreación, protección social y, finalmente, otros asuntos sociales. Si el gasto en desarrollo social aumentó en 35 por ciento, podría esperarse que la expansión de cada renglón de ese gasto lo hiciera a un ritmo similar, pero no ha sido así. Los recursos se han concentrado en protección social, donde entran las transferencias directas, los programas sociales, con una fuerte ampliación de 81 por ciento entre 2018 y 2025. Esa partida pasó de significar poco más de una tercera parte del gasto social (36.3 por ciento) a casi la mitad (48.7 por ciento). En cambio, los recursos destinados a vivienda y servicios a la comunidad, a salud y a educación se ampliaron de forma más lenta o, para decirlo de otra forma, resultaron menos importantes como destino de gasto. El presupuesto a salud, con la pandemia Covid-19 de por medio y la expansión de necesidades de gasto por el aumento de la carga de enfermedad que se asocia al veloz envejecimiento de la población, apenas se amplió 12 por ciento, por debajo del ritmo de expansión del gasto en desarrollo social y del programable total. Como prioridad presupuestal, la salud ha sido relegada. Si representaba casi una cuarta parte (23.3 por ciento) del gasto social, ya es menos de una quinta parte (19.3 por ciento). ¿Qué decir de la educación? Los montos para financiar escuelas, pagar maestros, adquirir material escolar, etcétera, apenas crecieron cinco por ciento, una velocidad siete veces menor que la del gasto en desarrollo social. Los recursos a la educación superior se han reducido en términos reales en casi una tercera parte desde 2018. La educación ha descendido como prioridad del gasto social, pues de significar el 29.3 por ciento, cayó al 22.9 por ciento. El presupuesto para vivienda y servicios a la comunidad, con el que se financia la inversión en infraestructura urbana, como el alcantarillado y el alumbrado públicos, la pavimentación de las calles y su mantenimiento, por ejemplo, se amplió en 19 por ciento. De representar el 9.2 por ciento del gasto en desarrollo social en 2018, para 2025 significó 8.2 por ciento, lo que evidencia una caída relativa en la importancia presupuestal que se le otorga. Pero hay temas que han sido no sólo relegados, sino castigados. Es el caso de protección ambiental, a pesar de la evidencia del cambio climático, de la destrucción de los ecosistemas y de la pérdida de la biodiversidad y del capital natural del país. A la protección ambiental se le redujeron los recursos en 45 por ciento entre 2018 y 2025. Nunca fue una partida importante, pues representó apenas el 0.9 por ciento del gasto en desarrollo social en 2018; para 2025 fue sólo 0.4 por ciento. El castigo financiero también alcanzó a la cultura, con una reducción de 22 por ciento. A la partida de ciencia, tecnología e innovación, que es parte del gasto en desarrollo económico, se le recortaron los recursos en 15 por ciento. En gestión de gobierno, se redujo el gasto drásticamente en partidas centrales como justicia (-51 por ciento), relaciones exteriores (-53 por ciento) y seguridad nacional (-7 por ciento). Así, al renunciar a una reforma fiscal, la expansión de los programas sociales se ha hecho a costa de relegar o sacrificar la educación, la salud, el medio ambiente, la ciencia y la cultura, el desarrollo económico y la propia operación del Estado mexicano. Imagen: México Evalúa.