Por Daphne Posadas Directora de FEE Studios Esta semana, el presidente del gobierno español, Pedro Sánchez, anunció sus planes de prohibir el acceso a redes sociales para menores de 16 años y obligar a las plataformas digitales a implementar sistemas de verificación de edad. El objetivo, según sus propias palabras: “protegerlos del salvaje oeste digital”. Pero la propuesta va mucho más allá. Sánchez también planteó responsabilizar penalmente a los ejecutivos de las plataformas por infracciones cometidas en sus sitios, criminalizar ciertas formas de amplificación algorítmica de contenido ilegal, crear un sistema estatal para medir y exponer la “huella de odio y polarización”, e impulsar investigaciones contra plataformas como TikTok, Instagram y Grok. Pero existen varios problemas con la agenda de Sánchez. Por un lado, incluso si aceptamos el argumento de que las redes sociales pueden tener efectos negativos en el desarrollo de niños y adolescentes como los que expone Jonathan Haidt en The Anxious Generation, eso no justifica esta medida. Especialmente porque la protección de los jóvenes es una responsabilidad de los padres y no una excusa para que los gobiernos regulen el flujo de ideas o amplíen su control sobre el espacio digital. España no es la primera en impulsar medidas como esta. Hace poco, entró en vigor en Australia la prohibición para menores de 16 años de acceder a redes sociales, mientras que Francia, Dinamarca y Malasia evalúan medidas similares. Parece que la ola por regular internet bajo el argumento de proteger la juventud y la supuesta “soberanía digital” va en aumento. Estas medidas parten de una premisa peligrosa: que las plataformas de redes sociales son necesariamente un mal para la sociedad, especialmente para los más jóvenes. Pero al aumentar el control de los gobiernos frente a estas plataformas, estamos potencialmente perjudicando una de las libertades más esenciales: la libertad de expresión. Los políticos hablan de “hacer rendir cuentas” a las redes sociales y aunque en teoría, los perjudicados serían los ejecutivos tecnológicos, en la práctica, quienes pagan el costo son millones de usuarios que aprovechan las redes sociales para externalizar su frustración política o cuestionar al poder. Porque aunque la intención es restringir el uso para menores de 16, los controles podrían expandirse hacia otros grupos. Europa dice querer fomentar la innovación y construir un ecosistema tecnológico competitivo, pero avanza hacia un marco regulatorio que vigila el contenido político.