La historia de los últimos siete años da cuenta del deterioro democrático de México. La autollamada 4T ha impulsado cambios que paulatinamente han deteriorado la división de poderes, a grado tal, que el legislativo se ha convertido en una caja de resonancia de los designios presidenciales, una especie de oficialía de partes que actúa con celeridad para atender los mandatos presidenciales; a la par que ha secuestrado o desaparecido a los órganos autónomos, donde los casos más vergonzosos están en el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación y en la Comisión Nacional de los Derechos Humanos. El propósito implícito de los ajustes normativos ha sido la concentración del poder donde las buenas intenciones, que nunca se vuelven realidad, solo están en el discurso político, así que el anuncio sobre la presentación de la iniciativa presidencial de reformas en materia electoral exige formular diversas reflexiones sobre sus efectos y los riesgos que significa para nuestra democracia, para nuestros derechos y libertades. No existen elementos para creer que la 4T impulsará un proyecto que fortalezca al sistema electoral mexicano, pero sí para saber que buscará anular el último tramo de contrapesos que aún significa el semicolonizado Instituto Nacional Electoral. Algunos de los peligrosos alcances de la reforma que será enviada al legislativo están en los planes A, B y C de Andrés Manuel López Obrador presentados en abril y diciembre de 2022 y en febrero de 2024, con propuestas de ajuste que promueven la elección popular de consejerías, una profunda reestructuración de los organismos electorales, del sistema de representación política a nivel nacional al afectar la composición de ambas cámaras del Congreso, en cuanto a su composición y método de elección de sus integrantes y de legislaturas locales y ayuntamientos, así como el replanteamiento de mecanismos de financiamiento público de partidos. Para la 4T el INE debería convertirse en una institución nacional única para organizar todas las elecciones federales y locales, absorbiendo a los oples y reduciendo su estructura a una mínima expresión que se acortaría en periodos intermedios y crecería para la organización de las elecciones. Ello llevaría a la supresión del actual servicio civil de carrera que ha sido la principal garantía de eficacia operativa y técnica, aún para la organización de las controvertidas elecciones judiciales; además de la centralización de todas las elecciones locales y su conflictualidad, mecanismos de participación ciudadana directa y la conciliación con el sistema de usos y costumbres en entidades con comunidades indígenas. En cuanto a los mecanismos de representación política Claudia Sheinbaum planteó la posible reducción de las diputaciones y senadurías conocidas como “pluris”. Actualmente la Cámara de Diputados se integra con 500 miembros, 300 de mayoría y 200 de representación proporcional. En las propuestas de AMLO se pretendió reducir a 300 diputaciones mediante el sistema de listas votadas en cada Estado; mientras que las senadurías serían 96 con un esquema parecido. Los mecanismos propuestos favorecerían la obtención de espacios por el partido mayoritario reduciendo a una expresión mínima, casi inexistente, la asignación de asientos a las oposiciones, lo cual eliminaría la pluralidad que los congresos mexicanos tienen desde la reforma política de 1977. En el ámbito local, la 4T propuso que las elecciones de diputaciones y ayuntamientos también se sujeten al sistema de listas. Los ayuntamientos se integrarían por un presidente, una sindicatura y el número de regidurías que corresponda conforme al número de habitantes, desde una hasta nueve, dependiendo de si la población es menor a sesenta mil habitantes o superior a un millón diez mil. El número de diputaciones no excedería de 15 en aquellas entidades cuya población sea menor a un millón de habitantes y podría incrementarse por cada medio millón. Las anteriores iniciativas igual buscaron modificar el actual esquema de financiamiento a los partidos, cancelando el presupuesto que anualmente se les asigna para actividades ordinarias permanentes y dejando solo el financiamiento de actividades de campaña que se entregaría cada tres años, lo cual, en el contexto actual, sería otro elemento que favorecería el fortalecimiento del nuevo partido hegemónico y anularía la capacidad de competencia de las demás organizaciones, que estarían condenadas a una existencia testimonial y a una posibilidad marginal para ganar elecciones, pues además se mantendría viva la regla de que el financiamiento público debe ser mayor al de origen privado. Visto en perspectiva, una reforma de estas características redituaría múltiples beneficios al oficialismo y daría la estocada final a la democracia mexicana. Por un lado, le garantizaría el control absoluto de las instituciones electorales, modificaría ventajosamente las reglas del juego político, asegurando anticipadamente el triunfo de las candidaturas de la coalición gobernante y fortalecería la estrategia concentradora del poder. La Constitución y las leyes, como ya ocurre, serían escritas y modificadas a capricho de una sola fuerza política que tiene una visión unilateral de las cosas y no admite ni siquiera la modificación de una coma. Una reforma así, iría contra corriente de las luchas democráticas que nos dieron la posibilidad de participar en democracia con el poder del voto, el fortalecimiento de nuestros derechos, la independencia de medios de comunicación críticos, organismos autónomos garantes de actividades fundamentales para el Estado y una sociedad civil participativa. La verdadera reforma debería centrarse en fortalecer la autonomía y profesionalismo de organismos electorales, hacer que la asignación de curules y escaños corresponda con los votos obtenidos por cada partido, ampliar nuestros derechos y resolver las incongruencias y la farsa de las elecciones judiciales. (Revista Siempre) ****Profesor en UNAM y UP. Especialista en materia electoral y Exconsejero Electoral del INE.