Por Camila Itzel Lugo Porras El inicio del ciclo escolar suele presentarse como un nuevo comienzo. Sin embargo, para millones de niñas, niños y jóvenes en México, el regreso a clases ocurre desde condiciones desiguales, marcadas por el territorio, el origen y el acceso efectivo a los servicios educativos, entre otros factores. Volver al aula no significa lo mismo para todas las personas cuando las oportunidades de ingreso, permanencia y atención dependen de condiciones que trascienden el esfuerzo individual. Por ejemplo, en el caso de la educación indígena, durante el ciclo escolar 2024-2025, la matrícula disminuyó. En educación inicial se atendieron 46 mil 313 estudiantes, 4.1% menos que en el ciclo anterior; en preescolar, 403 mil 957, una reducción de 3.3%; y en primaria, 769 mil 855, con una caída de 1.2%. Aunque la magnitud varía entre niveles, la tendencia es común: cada vez menos estudiantes forman parte de estos servicios. La reducción de la matrícula no debe interpretarse únicamente como un cambio demográfico. También obliga a revisar las condiciones de acceso, la disponibilidad de escuelas, la distancia entre las comunidades y los planteles, así como la pertinencia de los servicios educativos. En contextos indígenas, sostener la trayectoria escolar requiere políticas capaces de responder a barreras territoriales y sociales que no están presentes de la misma manera en otros entornos. Por otro lado, la atención educativa de las personas con discapacidad muestra un panorama distinto, aunque igualmente retador. En el ciclo 2024-2025 se atendieron 677 mil 929 estudiantes con discapacidad, 0.7% más que el ciclo anterior. Esta atención se brindó en 6 mil 539 escuelas: 1 mil 722 Centros de Atención Múltiple y 4 mil 817 Unidades de Servicio de Apoyo a la Educación Regular. El aumento en la población atendida representa un avance, pero presiona una red que debe garantizar apoyos especializados, accesibilidad e inclusión dentro de las escuelas regulares. La cobertura, por sí sola, no asegura que todas y todos los estudiantes reciban los recursos, acompañamiento e infraestructura necesarios para permanecer y aprender en condiciones adecuadas. Frente a estas desigualdades, el presupuesto de 2026 contempla tres programas dirigidos a la atención educativa de población indígena y personas con discapacidad. El Programa de Apoyo a la Educación Indígena dispone de 2 mil 047.7 millones de pesos, 3.9% más que en 2025; el Programa para el Fortalecimiento de los Servicios de Educación Especial cuenta con 824.4 millones, un incremento de 4.6%; y el programa para la atención de planteles públicos de educación media superior con estudiantes con discapacidad tiene 31.1 millones de pesos, también 4.6% más. En conjunto, estos programas representan apenas 0.008% del PIB. Aunque los incrementos presupuestarios son positivos, su escala permite dimensionar la distancia entre el reconocimiento de las desigualdades y los recursos destinados a enfrentarlas. La inclusión educativa requiere más que programas focalizados: necesita infraestructura accesible, personal suficiente, servicios cercanos y continuidad presupuestaria. El regreso a clases es una oportunidad para recordar que la igualdad educativa se construye en el aula, pero también desde el presupuesto, la infraestructura y la política pública. No todas las trayectorias comienzan igual y, por ello, garantizar el derecho a la educación implica reconocer las diferencias de origen y asegurar que ninguna condición territorial, indígena o de discapacidad se convierta en una barrera para aprender y permanecer en la escuela. ****Economista por la Universidad Nacional Autónoma de México.