Por Jorge Carbajal y Susana Camacho Una de las promesas de la reforma judicial fue mejorar el desempeño de los juzgados y tribunales federales. Ante ello, recientemente el Órgano de Administración Judicial (OAJ) del Poder Judicial de la Federación publicó un acuerdo general para mejorar los tiempos de resolución sin perder la calidad de los procesos. El documento incluye un diagnóstico con información del 1 de mayo de 2025 al 30 de abril de 2026. Los resultados muestran que del universo de asuntos reportados como integrados para poder resolverse, el 62.7% (210 mil 459 casos), presenta algún tipo de rezago. El restante 37.3% aún está dentro del plazo legal para ser resuelto oportunamente. Entre las medidas para mejorar los tiempos de resolución se mencionan el uso eficiente de las herramientas informáticas, la reorganización del personal, capacitación a personas juzgadoras en el manejo de recursos humanos y materiales, formación continua; manuales de buenas prácticas, simplificación administrativa, judicial y archivística. Sólo como medida adicional, se habla de impulsar los mecanismos alternativos de solución de controversias (MASC) para descongestionar los asuntos contenciosos. En términos sencillos, los MASC consisten en que, antes de iniciar un juicio, las personas o partes en conflicto lleguen a acuerdos que puedan cumplir en presencia de facilitadores o mediadores. Este compromiso entre personas —en palabras del Director del Instituto de Justicia Alternativa de Jalisco (IJA), Guillermo Zepeda—, hace más factible que las obligaciones y soluciones a un conflicto se cumplan. Sobre todo, si se le compara con la ejecutabilidad de sentencias después de largos litigios judiciales. Los MASC, que se iniciaron en materia penal, ahora son aplicables prácticamente a todo tipo de juicios: laboral, civil, familiar y mercantil. No obstante estas ventajas, en el acuerdo mencionado pareciera que para el OAJ, los MASC tienen una contribución residual en los esfuerzos por mejorar la eficiencia de juzgados y tribunales. Esto es porque en el acuerdo sólo hay una medida para impulsarlos. Consiste en que el Centro Público de MASC del Poder Judicial de la Federación, en coordinación con la Escuela Nacional de Formación Judicial, elaboren un curso de orientación y capacitación para que las personas juzgadoras fomenten estos mecanismos. Sin demeritar los esfuerzos promovidos por el OAJ, hay que dimensionar la importancia de los MASC para lograr una justicia pronta y efectiva. A nivel nacional, la proporción de expedientes concluidos por acuerdo o convenio, respecto al total de asuntos concluidos en juzgados de primera instancia, es del 8.1%. Sin embargo, casos como el de Jalisco muestran el potencial de la justicia alternativa al lograr por este medio 35.2% de las resoluciones finales: una tercera parte de los casos ingresados. Los datos son del Censo Nacional de Impartición de Justicia Estatal (CNIJE) 2025 del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI). Desde México Evalúa, en el estudio Radiografía de las Fiscalías, hemos identificado que, en materia penal, solo 3.2% de los casos se resuelven por acuerdos reparatorios. Sin embargo, estimamos que 39% de los casos podría alcanzar soluciones mediante MASC en delitos culposos, patrimoniales no violentos y de querella. Esto cambiaría por completo la lógica del funcionamiento de la justicia en México. Estos casos, en vez de ser archivados o determinados por el Ministerio Público como “no ejercicios de la acción penal”, tendrían una solución efectiva que además contribuiría a la pacificación de la sociedad. No solo la eficiencia aumenta con los MASC, también los gastos disminuyen. En 2023, el IJA de Jalisco comparó costos para el erario de los asuntos resueltos por los juzgados de primera instancia en materia civil y familiar, con los del propio Instituto. Los resultados revelan que el monto promedio por sentencia definitiva en juzgado fue de 28 mil 818 pesos; mientras que por asunto de MASC atendido por el IJA fue casi once veces menor: 2 mil 695 pesos. Apenas el 9.3% del costo de llegar a una sentencia. Incluso vas más allá: el costo promedio por asunto de MASC resuelto en centros acreditados y prestadores certificados, se calcula en solo mil 052 pesos. Los procesos judiciales están en un momento crítico pues todo el personal de los juzgados está en una curva de aprendizaje que ha retrasado la justicia. Es momento de considerar todas las opciones disponibles por la ley. La contribución potencial de los MASC para lograr una justicia pronta y efectiva es muy alta, por lo que los poderes judiciales a nivel federal y en los estados tienen la tarea de fortalecer las capacidades y condiciones para promover, facilitar y resolver más asuntos por esta vía. En un país en donde los conflictos escalan y la violencia se vive de manera cotidiana, la justicia no debe esperar y ésta es una buena alternativa. Susana Camacho es coordinadora del programa de Justicia de México Evalúa y Jorge Carbajal es coordinador de alianzas en el mismo programa.