Por María Teresa Martínez Trujillo Era la cuarta ocasión en que nos reuníamos con ese grupo de empresarios en Tijuana, y fue para contarles sobre los hallazgos del proyecto presentado meses atrás con el que, desde México Evalúa, trataríamos de comprender las dinámicas de extorsión y cobro de piso que se viven en la ciudad fronteriza. Nos centramos en dos hechos: la creciente extorsión no sólo ocurre en la marginada zona este de la ciudad; esta forma de “impuesto criminal” se padece en solitario, como un secreto a voces, que victimiza a más personas de las que logran capturar las estadísticas. Inquietos con el panorama descrito, los asistentes no tardaron en mostrar su vocación de emprendedores (en el sentido de los que ponen su empeño en algo): “¡Debemos protegernos, contratar a un grupo, buscar protección!”, dijo uno, impetuoso. En un contexto en el que la amenaza criminal no es inhibida por las instituciones del Estado, ¿cómo se allegan de protección los miembros del sector empresarial? ¿Qué implicaciones tienen, para su vida cotidiana y para la seguridad pública, esas formas de protección? En México, y en el resto de América Latina, se ha documentado cómo el empresariado muchas veces participa en el diseño de políticas de seguridad, ya sea exigiendo acciones gubernamentales contundentes, financiando proyectos para mejorar a las policías o estimulando la coordinación entre los diferentes órdenes de gobierno.1 Sin embargo, algunas veces las decisiones que toman en su legítima búsqueda de protección, paradójicamente, contribuyen a desfondar al Estado, despojándolo de su capacidad para garantizar la seguridad de todas y todos los que habitan el territorio. Nuestra inmersión en Tijuana, en el marco de un proyecto sobre extorsión y cobro de piso, así como otras investigaciones realizadas a lo largo de ocho años en ciudades como Guadalajara, Querétaro, Morelia y Monterrey, nos permiten discutir un conjunto de alternativas de protección a las que acceden los empresarios —la selectiva, la privada, la privatizada y la criminal— y los riesgos que éstas implican. Para entender la protección selectiva hay que considerar que ciertos integrantes del sector empresarial tienen estrechas relaciones con algunos servidores públicos influyentes, que pueden conformar las instituciones de seguridad —secretarios de Seguridad Pública, responsables de la región en el Ejército o la Guardia Nacional o jefes de policía municipal—. Entonces, ante una amenaza criminal, los empresarios suelen buscar la protección de estos funcionarios, que están a la distancia de un WhatsApp. “Me brindan la cortesía”. “Le llamo al comandante y me contesta luego, luego”, relatan dos empresarios con los que charlamos en Monterrey y Tijuana, respectivamente. Si bien esta solicitud y provisión de protección no es ilegal, sí es selectiva, pues no está al alcance de cualquier persona empresaria, sino sólo de los mejor posicionados en la ciudad de tal manera que les toma una llamada activar para sí la protección del Estado. A pesar de que resuelve el problema de algunos ciudadanos, en el largo plazo esta forma de protección debilita al Estado por al menos dos razones. Primero, porque mientras estas contadas personas estén protegidas, no usarán su poder ni sus recursos para exigir políticas de seguridad pública adecuadas para resolver los problemas que la ciudadanía en su conjunto enfrenta. Segundo, porque los recursos públicos que se emplean para la provisión de protección —desde capital humano, hasta uniformes o patrullas— se usan de forma discriminatoria y no necesariamente se destinan a los sectores más vulnerables. Los servicios provistos ya no son en verdad públicos. El empresariado también recurre a la protección privada y privatizada. Por la primera nos referimos a los casos en los que los empresarios contratan escoltas o guardaespaldas que forman parte de empresas de seguridad privada. Este tipo de protección sólo es accesible para quienes pueden pagarla, y supone diversos retos para el Estado. Al tratarse de un sector semirregulado, el nivel de entrenamiento y las garantías de probidad de los escoltas dependen de las empresas que los emplean y de los mandatos genéricos de la regulación local. Por ejemplo, un expolicía retirado de su cargo por abusos o corrupción podría emplearse en una de estas empresas y, a pesar de su trayectoria, continuar “en el negocio”. La abundancia de escoltas2 supone también la multiplicación de actores potencialmente violentos que pueden cometer excesos relativos al uso de la fuerza e incluso convertirse en una amenaza para aquellos a quienes protegen. “Los que tienen guaruras luego son los primeros a los que secuestran o matan, porque sus guardias los ponen [para ser víctimas]”, afirma Rafael, un empresario tapatío entrevistado en 2017.3 En la protección privatizada, por su parte, los policías son “comisionados” para cuidar a algún empresario o a su familia, o bien reciben una compensación económica extra por brindarle protección a un miembro de este sector. En Guadalajara, por ejemplo, la cabeza de una empresa de seguridad privada relata que “la mayoría de la gente que tiene escoltas no están contratados por una seguridad privada, están comisionados por el Estado (…) los mandan de la policía”.4 En Tijuana, por otro lado, es revelador el caso de una empresaria víctima de cobro de piso: recurrió a un servidor público que le ofreció protección, a cambio de una retribución que de cualquier forma ella tendría que haberles pagado a los criminales. No sólo estamos ante el uso privado de recursos públicos, sino también ante un panorama en el que los policías o agentes de seguridad dejan de tener incentivos para brindar protección como un bien público. Desde luego, la precarización de los salarios de los cuerpos policiales no hace más que estimular la existencia de este escenario. Mientras haya posibilidad de obtener rentas extra por este servicio, casi cualquier reforma policial tendrá pocas posibilidades de éxito. Finalmente, está la protección criminal. En ella, la amenaza y el protector se encarnan en la misma persona. De hecho, esto es lo que distingue a la extorsión y el cobro de piso de otros delitos predatorios. Aquí, víctima y victimario establecen un intercambio: dinero por protección. Si bien es una protección que inquieta (y no que alivia), algunas veces el extorsionador ofrece otras formas de protección que trascienden su propia amenaza: aquel que paga piso sabe que está exento de las visitas de los ladrones comunes, pues el protector criminal mantiene a raya a cualquier otro predador. En el extremo, estos grupos criminales pueden convertirse en una suerte de nuevos “pistoleros”5 al servicio del dueño de algún negocio, pues se encargan de cobrar deudas o inhibir la competencia.6 Este tipo de casos habitan el terreno de lo ilegal, prescindiendo del Estado. El factor común de estos tipos de protección es que los empresarios y empresarias resuelven el problema de manera individual, acaso beneficiando a un pequeño grupo de sus cercanos. El nivel de protección que alcanzan depende de los recursos que tengan para allegarse de ésta: dinero, relaciones, posición, reputación, etc. Ahora bien, no se trata de juzgar las decisiones del empresariado, sino de ponerlas en perspectiva. ¿Cómo tener cabeza para contribuir a conformar un Estado capaz de protegernos a todas y todos cuando la amenaza y el miedo son una constante en tu vida? ¿Quién no está dispuesto a movilizar los recursos que tiene cuando se siente en peligro? El problema, sin embargo, es que este “sálvense quien pueda” se asemeja demasiado al sistema feudal: cada señor poseía su propio ejército y, muchas veces, uno más poderoso que las armas del rey. Ese régimen en el que no había Estado capaz de reivindicar con éxito para sí el monopolio de la violencia legítima, como lo concibió Weber. Ése en el que la protección la brindaban valerosos soldados, pero también mercenarios y bandidos. Aunque parece que sólo damos pasos hacia atrás, hay otras vías para lograr la protección deseada, sin desfondar al Estado. Nuestra más reciente entrega en el proyecto de extorsión y cobro de piso es, de hecho, una caja de herramientas para lidiar con la extorsión que ponemos en manos del empresariado de Tijuana. Esta propuesta parte del ánimo del sector por poner manos a la obra, cuidando que las medidas implementadas contribuyan a fortalecer la provisión de protección como bien público. Los detalles de esta fase del proyecto ya están disponibles en México Evalúa y, en una futura entrega, repararemos en las ideas clave. *****María Teresa Martínez Trujillo Profesora-investigadora en el Tecnológico de Monterrey e investigadora asociada en México Evalúa 1 Ver: Aguayo, S. y Dayán, J., “Reconquistando La Laguna”, México, El Colegio de México, 2020; Martinez Trujillo, M. T., Businessmen and Protection Patterns in Dangerous Contexts Putting the Case of Guadalajara, Mexico into Perspective [Tesis doctoral], Sciences Po Paris, 2019. Moncada, E., “Resisting Protection: Rackets, Resistance and State Building”, Journal of Comparative Politics, 2017 2 Según el Padrón de Empresas de Seguridad Privada de Baja California, de las más de 320 empresas de seguridad privada registradas en la entidad, en Tijuana hay registradas 178. De entre ellas, la gran mayoría están clasificadas bajo el rubro Protección y Vigilancia de bienes. El etiquetado, sin embargo, no nos permite saber si ofrecen el servicio de escoltas o no y, de ser el caso, si tienen permiso de portación de armas, el cual expide Sedena. 3 Entrevista realizada por la autora el 23 de enero de 2017. El nombre del empresario es un pseudónimo. 4 Entrevista realizada por la autora el 28 de agosto de 2015. 5 Sobre la noción de “pistoleros” y su relación con las labores de escoltas y guardaespaldas, ver Piccato, P., Historia Nacional de la Infamia, México, Grano de Sal, 2017 6 Martínez Trujillo, ob. cit. Imagen tomada de Nexos.