Por Natalia Campos Coordinadora de Sociedad Difícilmente habrá una circunstancia que desafíe tanto al ser humano como la enfermedad. Enfrentar un padecimiento, ser diagnosticado de repente con una enfermedad, iniciar el curso de posibles tratamientos, enfrentarse a un terreno desconocido. Preguntas, confusión, cuestionamientos, miedo. La escritora Anne Boyer define su propio diagnóstico de cáncer como una vida que se parte en dos. Muchas veces olvidamos que las cifras sobre los sistemas de salud, el acceso a servicios y el gasto tienen detrás las historias de vida de quienes se convierten en pacientes con todo lo que eso implica. Considerando el derecho a la salud, ¿qué deberían esperar las personas que desafortunadamente se enferman? ¿Cuáles deberían ser sus preocupaciones? En un mundo ideal, lo único que debería ocuparlos es recibir el mejor tratamiento, seguir las indicaciones y mantener la esperanza de curación. Sin embargo, en México, como en otros países, en el acceso a la salud existe una contradicción: se establece constitucionalmente el derecho, pero no se han consolidado las condiciones institucionales, presupuestarias y operativas para garantizarlo. La medición de la pobreza multidimensional de INEGI indica que en el país 44.5 millones de personas carecen de acceso a servicios de salud. En este contexto, cabe analizar la reciente propuesta del gobierno federal que busca transitar a un sistema universal de salud, un antiguo sueño discutido ampliamente por expertos de salud pública. De entrada, es innegable la necesidad de tener un sistema unificado que permita superar las brechas entre los servicios que recibe hoy una persona en el IMSS Bienestar, un derechohabiente del ISSSTE y un paciente con acceso a los servicios de Pemex. Sin embargo, el cumplimiento de las fases del plan gubernamental implica tareas titánicas incluyendo la credencialización de toda la población, el intercambio de servicios especializados entre instituciones y la digitalización de los expedientes. Además del esfuerzo presupuestal requerido –punto importante: ¿de dónde saldrá el dinero?–, hay un tema clave que definirá las posibilidades de éxito: la coordinación. Si una institución presta el servicio que por temas de afiliación le corresponde a otra, debe generarse un mecanismo de reposición financiera para garantizar la sostenibilidad presupuestal. ¿Es viable esto cuando hoy en día cada modelo de financiamiento es tan distinto? Si realmente existe la voluntad de dar tiros de precisión hacia un sistema universal de salud, quienes están diseñando esa política deben considerar que coordinarse nunca es un resultado espontáneo ni se puede lograr por mandato. Para la muestra, el Sistema Nacional Anticorrupción. Coordinarse en lo público requiere compartir información, recursos, ceder tiempo y presupuesto, hacer cambios sustanciales, perder margen de acción. ¿Están las instituciones públicas dispuestas y preparadas para ello? Vale la pena considerar que además del evidente impacto de la salud para el bienestar y la calidad de vida de la población, también existen implicaciones para la competitividad del país. Por esto, el Instituto Mexicano para la Competitividad (IMCO) ha incluido, en los diferentes índices de competitividad, indicadores que buscan medir el acceso y la calidad en los servicios de salud. El sistema universal, y el proceso para lograrlo, tendrán muchas implicaciones. Tomárselo en serio es lo mínimo que esperamos de las autoridades responsables. Lo mínimo.