El reciente refrendo del Paquete Contra la Inflación y la Carestía (PACIC), liderado por la administración federal en abril de 2026, establece un precio máximo de 910.00 pesos para la canasta básica de 24 productos esenciales. Este acuerdo, suscrito por el gobierno, productores y cadenas de autoservicio, busca mitigar los efectos de la inflación en los hogares mexicanos en 2026. No obstante, para la frontera norte de México, este compromiso adquiere matices económicos particulares debido a la estructura de costos y la dinámica comercial binacional. La región fronteriza del norte de México opera bajo variables macroeconómicas diferenciadas del resto del país. Factores como la Zona Libre de la Frontera Norte (ZLFN), que implica un salario mínimo superior y estímulos fiscales, influyen directamente en la formación de precios. En este contexto, el tope de $910.00 pesos se presenta como un ancla de precios en una zona donde el costo económico de vida tiende a ser estructuralmente más elevado. El análisis económico para esta región destaca por ejes fundamentales. Los costos logísticos y de transporte. La frontera norte depende significativamente del suministro proveniente del centro y sur del país. El mantenimiento de precios fijos desafía los márgenes de ganancia de los comercializadores locales, quienes enfrentan costos de flete más altos debido a las distancias y la volatilidad en el precio de los combustibles. El éxito del PACIC en ciudades como Tijuana, Juárez o Mexicali es crítico para evitar el gasto transfronterizo. Si el costo de la canasta local supera la paridad de poder adquisitivo frente a los precios en Estados Unidos, el consumidor fronterizo tiende a desplazar su demanda hacia el extranjero, debilitando el comercio interno mexicano. El acuerdo hace énfasis en productos como el jitomate y la tortilla. En el norte, donde la producción agrícola local es estacional o limitada, la dependencia de insumos externos hace que el monitoreo de la Profeco sea vital para evitar la especulación.

A pesar del acuerdo, indicadores recientes sugieren que la canasta ampliada (que incluye servicios) en estados como Baja California y Chihuahua puede superar los $2,200.00 pesos, reflejando una inflación subyacente persistente. El límite de $910.00 pesos para los 24 productos críticos actúa, por tanto, como un subsidio indirecto a la estabilidad social, pero requiere de una vigilancia estricta para asegurar su disponibilidad real en las tiendas. En conclusión, el acuerdo de los 910 pesos es una herramienta de política económica de choque necesaria para México y su frontera norte. Sin embargo, su eficacia a largo plazo dependerá de la capacidad del Estado para coordinar la logística de suministro y asegurar que los beneficios de la ZLFN se traduzcan en precios finales competitivos frente al mercado estadounidense. ****Profesor Investigador en Economía Internacional en El Colef. Distinguido miembro del Sistema Nacional de Investigadoras e Investigadores. Ha sido también profesor en la Universidad Iberoamericana, CISE, “fellow” y “guest scholar” en UCSD y profesor visitante en UC Irvine.