Por Ana Lilia Moreno Durante meses, el 1 de julio de 2026 estuvo marcado en el calendario por una incógnita: ¿México, Estados Unidos y Canadá se manifestarían unánimemente a favor de prolongar por otros 16 años las reglas que sostienen una integración económica construida durante más de tres décadas? Llegó la fecha. México estaba dispuesto. Canadá también. Faltaba una firma. Washington decidió no firmar. Esto no significa que el acuerdo de libre comercio entre México, Estados Unidos y Canadá (T-MEC) haya muerto. Sin embargo, ese día comenzó a correr otro reloj. La negativa de Estados Unidos a extenderlo activó un mecanismo poco conocido: el tratado conserva su vigencia hasta 2036, pero los tres países deben volver a la mesa cada año mientras no exista consenso para renovarlo por 16 años. Los motivos detrás de la negativa estadounidense La agenda detrás de la posición de Estados Unidos está fundada en un concepto de consenso bipartidista, la “seguridad económica”. Según documentos oficiales publicados tanto por la administración de Biden como la administración de Trump, definen que para Estados Unidos dicho concepto establece como prioridad la seguridad nacional, y en lo económico, la reducción de vulnerabilidades que puedan comprometer la capacidad productiva y tecnológica de ese país. En términos del T-MEC esto se traduce en una prioridad de Estados Unidos para dejar de depender de países externos en la región norteamericana. Esto es particularmente sensible en procesos de adquisición de insumos críticos. La razón detrás de esto es fortalecer la manufactura y sus cadenas de suministro, y evitar que economías con prácticas consideradas “no de mercado” —como China— aprovechen indirectamente los beneficios del acuerdo trilateral. Para Washington, comercio y seguridad nacional son una agenda integrada y esto cambia la naturaleza de la discusión que México y Canadá deben considerar. El T-MEC ya no se debate únicamente como tratado comercial. Se ha convertido en un instrumento que define con mayor precisión qué se produce en Norteamérica, dónde, con qué insumos, energía y tecnología, y cuánto valor generará para cada socio dentro de la región, lo que evidentemente implica tensiones más allá de lo económico. A esa discusión se suma una nueva frontera de la integración: la inteligencia artificial (IA), que implica, además, ciberseguridad y minerales críticos. La competencia por la IA no depende únicamente de algoritmos: requiere semiconductores, centros de datos, electricidad confiable, infraestructura digital y minerales esenciales para fabricar los equipos que la hacen posible. Al mismo tiempo, las cadenas productivas digitalizadas exigen elevar la ciberseguridad y asegurar infraestructura crítica. En este panorama, Estados Unidos considera la dependencia de minerales procesados del exterior un riesgo para su seguridad económica y nacional. ¿Qué podemos esperar del segundo semestre 2026? Este mes de julio dejó claro que los tres socios no llegan a la revisión desde el mismo lugar, sino con prioridades y estrategias distintas. México ha optado por negociar sin romper: defender el acceso preferencial a Estados Unidos y, al mismo tiempo, poner sobre la mesa sus propios reclamos sobre acero, aluminio, vehículos y reglas de origen. Los empresarios de ambos lados también piden certidumbre y ven una oportunidad para desarrollar proveedores norteamericanos y depender menos de Asia. Canadá, en cambio, atraviesa una relación más tensa con Washington. El riesgo es que, después de tres décadas de construir una economía regional, todo termine siendo una discusión fragmentada y confusa como mecanismo de presión. Por ejemplo, entre el 21 y el 23 de julio se celebró en Ciudad de México la tercera ronda bilateral México-Estados Unidos en la que se abordaron sectores y temas sensibles como automóviles, acero y aluminio, agricultura, trabajo, seguridad económica y servicios de pagos electrónicos. Las conversaciones continuarán en septiembre, con una cuarta ronda prevista en Washington. Sin embargo, sorpresivamente, al día siguiente de concluir la ronda, el 23 de julio de 2026, la administración de Trump introdujo un nuevo arancel —fundamentado en el Artículo 301 de la Ley de Comercio de 1974— de 10 % a productos de más de 60 economías, incluido México, bajo el argumento de que no adoptamos medidas suficientes para erradicar las importaciones elaboradas con trabajo forzoso. Hay que considerar también que en noviembre Estados Unidos tendrá elecciones intermedias. México debe mirar no solo la balanza comercial estadounidense, sino su geografía económica. La relación con México implica el análisis de sofisticadas cadenas automotrices, electrónicas, agroalimentarias y energéticas en estados como Texas, Michigan y Arizona. Ahí existe una oportunidad para México, ya que el argumento frente a Estados Unidos no puede limitarse a cuánto le vendemos, sino cuánto de lo que compra a México contiene insumos, servicios, tecnología y valor estadounidenses. Todo ello implica empleos, empresarios y consumidores que habitan y trabajan en distritos electorales de Estados Unidos. La importancia de abordar el T-MEC en clave electoral radica en que las elecciones moldearán la configuración del Congreso estadounidense. Esto es relevante en la medida que los asuntos que Washington pretenda llevar a una segunda etapa —reglas de origen, estándares laborales y ambientales y nuevas disciplinas de seguridad económica— difícilmente podrán resolverse mediante entendimientos administrativos. De hecho, la oficina de la Representación Comercial de Estados Unidos (USTR, por sus siglas en inglés) ha reconocido ante el Senado de ese país que las negociaciones pueden extenderse a 2027 y que algunos de estos temas requerirán mayor participación del Congreso. Así, el resultado de las elecciones intermedias de noviembre podría modificar los actuales incentivos políticos. La paradoja de la situación mexicana Por nuestra parte, México llega a este momento con una paradoja. Mientras crece la incertidumbre comercial en las negociaciones del T-MEC, nuestras exportaciones entre enero y junio de 2026 alcanzaron 389,723 millones de dólares, 24.6 % más que un año antes. Por su parte, las importaciones sumaron 379,866 millones, un incremento del 22 %. Más interesante todavía es lo que estamos exportando. Las manufacturas no automotrices crecieron 37.6 %, mientras las automotrices avanzaron apenas 1 %. Al mismo tiempo, casi 80 % de las importaciones mexicanas son bienes intermedios utilizados por nuestra propia industria. Es decir, México no es solamente una plataforma que vende a Estados Unidos: es una fábrica norteamericana profundamente integrada que no parte de cero. Contamos con clústeres altamente incorporados a las cadenas de los tres países. Industria automotriz y de autopartes en el Bajío y el norte; aeroespacial en Querétaro, Chihuahua y Baja California; electrónica y semiconductores en Jalisco; y dispositivos médicos en Baja California. Nuestro reto es aprovechar nuestras capacidades para dar el siguiente salto: desarrollar proveedores regionales en semiconductores, inteligencia artificial, electromovilidad, minerales críticos y manufactura avanzada y corregir los incentivos que no están bien alineados para detonar nuevos clústeres. Esto implica atender nuestros problemas públicos. Es crucial entonces acelerar el despliegue de inversión público-privada en energía, caminar más rápido en la simplificación administrativa y la digitalización de trámites, y resolver las grandes problemáticas en materia de seguridad pública y resolución de conflictos en nuestro sistema judicial. La decisión del 1 de julio introdujo incertidumbre, pero no rompió la integración norteamericana. Quizá hizo algo más importante: obligó a los tres países a decidir qué quieren hacer con ella. Frente a China, la inteligencia artificial y la competencia global por tecnología, energía y minerales críticos, diez años pueden parecer una cuenta regresiva… o el tiempo que Norteamérica necesita para reinventarse.♦ ***Ana Lilia Moreno es coordinadora del Programa de Regulación y Competencia.