Se había anunciado que el día de hoy se presentaría la tercera iniciativa de reforma electoral de la 4T. No se pudo. Se ha vuelto a posponer ante la rebeldía de los aliados de Morena. La iniciativa viene trabajándose con bastante secrecía y absoluta unilateralidad desde que la presidenta Sheinbaum creó en agosto del año pasado la Comisión Presidencial para la Reforma Electoral. Su objetivo declarado era analizar la legislación vigente, organizar foros ciudadanos y elaborar propuestas de cambio electoral, incluyendo financiamiento, votación y representación. La comisión presidencial fue lo más excluyente posible. Monolítica podría decirse. A tono con la política de “cero negociación” que privó en el anterior gobierno y sigue privando en el de Sheinbaum, no estuvo contemplada la participación de los partidos políticos nacionales. Tanto que, en la Comisión Permanente del Congreso de la Unión se emitió un extrañamiento por su exclusión y se hizo un exhorto a que hubiese cierta pluralidad. Los foros ciudadanos fueron una pantomima y no hay evidencia alguna de que las ideas ahí vertidas hubiesen sido tomadas en cuenta. Con este comportamiento se rompió la sana y democrática costumbre de la llamada “transición de terciopelo” que abarcó dos décadas (1977 a 1996) y 7 reformas. En cada una de ellas siempre estuvo representada la oposición a pesar de ser absolutamente minoritaria en el sistema de partidos. Vistos los resultados de las sucesivas reformas se puede decir, sin temor a equivocarse, que cada una resultó en mayor inclusión y en la ampliación de la representación de los partidos minoritarios. En cada reforma nos acercamos cada vez más a los principios de equidad y garantías para la limpieza y certeza de las elecciones. Su resultado final fue la aparición en 1997 del primer gobierno sin mayoría en el Congreso. Ahora se regresa a la manera en que se hacían las reformas del PRI cuando ese partido y sus gobiernos cambiaban la Constitución y las leyes electorales (1946, 1961, 1963 y 1973) a voluntad. Si el proceso de reforma que ha adoptado la presidenta es absolutamente excluyente, el contenido al que hemos tenido acceso es regresivo. Si el proceso de reforma que ha adoptado la presidenta es absolutamente excluyente, el contenido al que hemos tenido acceso es regresivo. Lejos de seguir con la tendencia democratizadora y pluralista se quiere garantizar, como en la época del PRI, la permanencia de Morena en el poder. La ambición es tal, que el objetivo deseado es que Morena ni siquiera necesite aliados (cosa que está prohibida por la Constitución) o necesite solo unos cuantos porque la norma establece que ningún partido por sí sólo podrá tener más del 60% de los diputados. Lejos de seguir con la tendencia democratizadora y pluralista se quiere garantizar, como en la época del PRI, la permanencia de Morena en el poder. La ambición es tal, que el objetivo deseado es que Morena ni siquiera necesite aliados (cosa que está prohibida por la Constitución) o necesite solo unos cuantos porque la norma establece que ningún partido por sí sólo podrá tener más del 60% de los diputados. Lejos de seguir con la tendencia democratizadora y pluralista se quiere garantizar, como en la época del PRI, la permanencia de Morena en el poder. Los signos de retroceso son muchos: reducción de plurinominales, redistritación y rediseño mayor de la geografía electoral, destrucción del sistema del servicio electoral de carrera, debilitamiento y menor nivel de colegialidad en el INE, disminución del financiamiento a partidos sin tomar en cuenta que el gobierno dispone de recursos públicos y otros mecanismos como la entrega de apoyos para ser trasladados al partido en el poder. La presidenta ha insistido en que la reforma electoral es para consolidar un sistema democrático más sólido, representativo y cercano a la ciudadanía. El ejercicio de gobierno no respalda este propósito. Es de dientes para afuera. Tampoco lo hace, hasta donde podemos vislumbrar, la reforma electoral. Los expertos electorales, la oposición y hasta los partidos aliados de Morena así lo consideran. No es que el Partido Verde y el Partido del Trabajo tengan una vocación democrática. En su caso es un asunto de dinero y supervivencia. Por eso no han apoyado la reforma. Los expertos electorales, la oposición y hasta los partidos aliados de Morena así lo consideran. Dijo ayer la presidenta que sea como sea su iniciativa se presentará el día de hoy y que decida el Congreso. No se augura una modificación que satisfaga a los aliados. Sheinbaum con una concepción equivocada, afirma que quien quiera ser representante tiene que buscar el voto popular. Como si los sistemas de representación proporcional no lo hicieran. Y aquí sí se separa de su mentor y antecesor. López Obrador, en su “plan A” de reforma electoral proponía pasar a un sistema de representación proporcional pura. Hoy, después de seis meses de opacidad, conoceremos el contenido final de la iniciativa y sabremos si se llegó a un acuerdo con sus dos aliados, en qué consistió el acuerdo y, en definitiva, si se contará con los dos tercios de ambas cámaras. Si no fuera el caso, estaríamos ante el tercer fracaso de una reforma electoral del obradorato. Tres de tres. Lo que no nos podemos tragar es la vocación democrática y participativa de la reforma. No hay nada en ella que apunte hacia la mayor representatividad, certeza y equidad. Es una reforma que como bien afirman María Marván y Martín Reyes quiere transitar a un “esquema electoral menos representativo, con autoridades electorales menos fuertes y más fácilmente capturables, así como eliminar algunos de los pilares que garantizan la equidad en la contienda”.