Una vez más, el presidente López Obrador y sus devotos personajes, presentaron ante el Congreso de la Unión una reforma constitucional en materia energética que viola abiertamente la Constitución, y es retrógrada, intencionalmente contaminante y costosa. La reforma, como otros proyectos del Ejecutivo, ha dividido a las Cámaras de Diputados y Senadores, generando una tensión innecesaria y polarizando una vez más a las y los mexicanos. Los intentos de transformar la política energética para crear un monopolio estatal, desaparecer la competencia privada, cancelar contratos e inversiones, no son nuevos. Las reformas a la Ley de la Industria Eléctrica y a la Ley de Hidrocarburos fueron declaradas inconstitucionales por jueces federales, y hoy, la primera está siendo analizada por la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Resulta lamentable y vergonzoso que Morena y sus aliados en el Congreso de la Unión, hayan aprobado reformas que los jueces, haciendo valer el Estado de derecho, han rechazado abiertamente. Las manecillas del cronómetro de la llamada “Cuarta Transformación” van en el sentido contrario de los cambios que necesita México. Con la reforma se pretende regresar a los tiempos del monopolio estatal, lo que deja indefensa a la ciudadanía en materia de precios y altos costos de las tarifas, como sucede hoy en Baja California. Al final, es la ciudadanía quien terminará pagando los errores y disparates gubernamentales. Sin duda, esta tóxica reforma impactará de forma directa en nuestros bolsillos, ya que, al aniquilar la competencia del sector privado y la generación de energía por parte de particulares, se tendrán que pagar cuantiosos subsidios gubernamentales o transferir el alto costo de generación de energía eléctrica a la ciudadanía. En un inexplicable afán por concentrar el poder en un país democrático, se destruyen órganos constitucionales autónomos como la Comisión Nacional de Hidrocarburos y la Comisión Reguladora de la Energía. Además, en un mundo globalizado, con cadenas de valor integradas, la conversión de una empresa productiva del Estado con un gobierno corporativo, en un actor único, mina la competitividad del país y genera un boquete en las finanzas públicas que se traducirá en una deuda que pagarán nuestras hijas e hijos. El gobernador Jaime Bonilla, debido a su manejo irresponsable de los recursos públicos, acumuló deudas casi impagables con la Comisión Federal de Electricidad. Esta es una muestra de lo que podría pasar a futuro en el país, con gobiernos caracterizados por sus niveles de corrupción e ineptitud: altos costos de la electricidad que lesionan las finanzas públicas y generan una crisis de pagos. La reforma que hoy está en el Congreso, en caso de aprobarse, destruiría los sueños y esperanzas de una generación que anhela energías limpias, competitividad y un medio ambiente sano para las futuras generaciones. ***Senadora de la República Imagen: Nexos