Por Valeria Moy Directora general La iniciativa de reforma al sector energético planteada por el presidente nos ha llevado a discutir el tema en el espacio público. Ese debate público ha permitido entender mejor un mercado que es en sí mismo complicado por las diferentes etapas que tiene y cuya terminología está al alcance de solo un pequeño grupo de especialistas. La semana pasada estuvieron en la agenda las tarifas de consumo de electricidad y en estos días se han discutido aspectos relacionados con las “sociedades de autoabasto” y de las que se habla mucho, pero se entiende poco. Aquí un intento por contribuir a la discusión de una iniciativa que, de aprobarse, tendría efectos nocivos para la competitividad del país en muchas áreas como en el precio de la electricidad, los subsidios, las finanzas públicas, los compromisos con inversionistas, el cumplimiento de contratos, los acuerdos comerciales y por supuesto, el medio ambiente. A finales de 1992, ante la inminente entrada en vigor del TLCAN, se reformó la Ley del Servicio Público de Energía Eléctrica. México necesitaría, para poder ser más competitivo frente a los nuevos socios comerciales, contar con energía eléctrica suficiente y a buenos precios. Es entonces cuando se crea la figura del autoabasto para lograr acceso a energía eléctrica en calidad y precio para poder competir internacionalmente. El autoabasto permitió que los grandes consumidores industriales contaran con la energía eléctrica que necesitaban al tiempo que robustecían y ampliaban la red nacional de transmisión de CFE, sin que CFE tuviera que invertir en ella para ser la dueña de esa infraestructura. Todos los permisos se dieron por un plazo establecido con una duración máxima de 30 años. El último vence en 2039. Actualmente operan 347 centrales de autoabasto del sector privado. Esas centrales han significado una inversión de más de 16 mil millones de dólares y cuentan con una capacidad de generación autorizada de 10 mil 541 megawatts, aproximadamente 12.2% de la capacidad total del país. El marco legal de 1992, al no implicar un cambio constitucional, permitió que la energía generada se negociara entre los socios de una entidad. Por ende, no podían participar en los esquemas personas —físicas o morales— ajenas a la sociedad. Una central de autoabasto tiene muchos socios. Por ejemplo (y uso el caso por tratarse de una empresa mencionada en las mañaneras) cada tienda Oxxo, es decir, cada sucursal, es socia en una sociedad de autobasto, lo que le permite hacerse de electricidad a mejores precios. La tenencia accionaria de cada socio no está relacionada, ni debería estarlo, con la cantidad de energía que pueden transaccionar. La reforma de 2013 cambió las reglas y dio paso a la Ley de la Industria Eléctrica para darle al sector mayor apertura al mercado. Al cambiar la estructura del sector ya no se autorizaron más sociedades de autoabasto, pero se respetaron los contratos y acuerdos existentes, porque las leyes no se aplican de forma retroactiva. Las sociedades de autoabasto hoy operan conforme a la ley, la LSPEE que es la que les corresponde. Dado el marco legal, como debería de ser evidente, hay muchos más socios que sociedades. Eso no es un abuso. Abuso es usar de forma selectiva la información para convencer a la población de una reforma que puede ser altamente dañina para el país. *Las opiniones expresadas en esta columna son responsabilidad de la autora y no representan la postura institucional.