La justicia frente a la violencia también debe mirar las causas. Cuando hablamos de violencia familiar, lo primero siempre tiene que ser proteger a quien la está viviendo. Si una mujer, una niña, un niño o cualquier integrante de una familia está en riesgo, la autoridad tiene que actuar, dictar medidas de protección y, cuando se haya cometido un delito, investigar y sancionar. Eso es indispensable. Pero hay una pregunta que también deberíamos hacernos: ¿qué pasa después? Porque podemos detener una agresión, separar al agresor o dictar una medida de protección, pero si no atendemos lo que está pasando dentro de esa familia, existe el riesgo de que tarde o temprano la violencia vuelva a aparecer. En muchos casos hay problemas que también necesitan atención. Puede existir consumo de alcohol o drogas, alguna situación relacionada con la salud mental o simplemente patrones de conducta que se han repetido durante años. Y aquí hay que ser muy claros: tener una adicción o un problema de salud mental no convierte a una persona en violenta, ni justifica una agresión. Quien ejerce violencia es responsable de sus actos. Pero si estas situaciones existen, tampoco podemos hacer como si no estuvieran ahí. También tenemos que hablar de algo que a veces dejamos fuera: la reeducación de quienes ejercen violencia. Hay personas que crecieron viendo gritos, insultos, amenazas, control o golpes en su propia casa y aprendieron, equivocadamente, que así se resuelven los problemas o así funcionan las relaciones. Entender de dónde viene una conducta no significa justificarla. Significa trabajar para cambiarla y evitar que vuelva a repetirse. Y es que la violencia tampoco empieza siempre con un golpe. A veces comienza mucho antes: con controlar el dinero, revisar el teléfono, decidir con quién puede hablar la pareja, insultar, humillar, amenazar o hacer sentir miedo. Son comportamientos que poco a poco pueden volverse parte de la vida diaria hasta que incluso quienes los viven terminan pensando que son normales. Y no lo son. La ley también nos obliga a ver el problema de una manera más completa. El artículo 4º de nuestra Constitución reconoce el derecho a la protección de la salud, incluida la salud mental. Cuando hay niñas, niños o adolescentes involucrados, además, debe ponerse por delante su interés superior. Y las leyes en materia de violencia contra las mujeres no hablan solamente de castigar: también hablan de prevenir, atender y trabajar para erradicar la violencia. Por eso hacen falta respuestas más completas. Necesitamos medidas de protección que realmente funcionen, pero también atención psicológica, tratamiento de adicciones cuando sea necesario, programas serios de reeducación para quienes ejercen violencia y seguimiento. Fiscalía, juzgados, instituciones de salud, DIF y demás autoridades no pueden trabajar cada una por su lado cuando están atendiendo distintas partes del mismo problema. Y quizá lo más importante sea mirar a las niñas y niños que están creciendo en medio de estas situaciones. Un niño no necesita recibir un golpe para ser afectado por la violencia. También escucha los gritos, observa las humillaciones, siente el miedo y aprende de lo que ve. Si no hacemos algo, existe el riesgo de que mañana repita aquello que durante años entendió como normal. Proteger a la víctima siempre será lo primero. Sancionar a quien corresponda también es necesario. Pero si queremos cambiar realmente esta realidad, tenemos que hacer algo más. Romper el ciclo también es hacer justicia. Porque el verdadero cambio llegará cuando logremos que una niña o un niño que creció viendo violencia entienda que eso no es normal, no es amor y, sobre todo, no tiene por qué repetirlo en su propia historia. ***Presidenta de la Barra de Abogadas “Lic. María Sandoval de Zarco”.