Por Daphne Posadas Directora de FEE Studios Esta semana, Perú volvió a quedarse sin presidente. Por tercera vez en un mismo período, el país andino atravesó una vacancia presidencial. José Jerí fue destituido por el Congreso tras haber asumido el cargo luego de la salida de Dina Boluarte, quien a su vez sucedió a Pedro Castillo. El motivo formal: transparentar reuniones con empresarios chinos. Pero el trasfondo es más profundo. La destitución no es un episodio aislado, sino un síntoma más de una inestabilidad estructural que ya es parte del panorama político peruano. Desde 2016, Perú ha tenido ocho presidentes. Varios han sido procesados, forzados a renunciar o sometidos a investigaciones penales. De hecho, casi todos los expresidentes vivos enfrentan o han enfrentado algún tipo de investigación. La rotación no sorprende ni a los peruanos ni a la comunidad internacional. Lo verdaderamente extraordinario es que lo extraordinario se haya normalizado. Quien asume el cargo, José María Balcázar, tampoco llega libre de controversias. Ha presentado declaraciones polémicas y arrastra acusaciones por presuntas irregularidades durante su paso por el Colegio de Abogados, institución de la que fue expulsado por cuestionamientos éticos vinculados al manejo de fondos. Llegó al Congreso en 2021 por el partido Perú Libre, mismo que llevó a Pedro Castillo al poder. La volatilidad presidencial peruana es una de las más altas del mundo. A ello se suman más de 200 cambios ministeriales en la última década. Este nivel de rotación no solo erosiona la legitimidad institucional, sino también imposibilita la planificación de largo plazo, y es ahí donde la miopía institucional se vuelve un verdadero problema. Algunos analistas señalan que, pese al caos político, la economía peruana “resiste”. Pero esa lectura requiere matices. Más del 70% de la actividad económica en Perú es informal y es esa economía paralela (desconectada en gran medida del aparato estatal) la que sostiene buena parte de la generación de ingresos. Esto tiene un doble filo. Por un lado, evidencia la capacidad de los individuos para crear valor incluso en entornos institucionales frágiles. Por otro, confirma la debilidad de las reglas formales. La prosperidad sostenida no puede descansar indefinidamente en la informalidad. Sin seguridad jurídica, derechos de propiedad claros y estabilidad política, el crecimiento carece de bases sólidas. En el 2000, el economista peruano Hernando de Soto publicó El misterio del capital, donde analizaba precisamente cómo la ausencia de instituciones sólidas limita el potencial del capitalismo en países como Perú. Han pasado más de dos décadas desde entonces y los obstáculos que describía siguen marcando el rumbo del país. La pregunta de fondo no es cuántos presidentes llegarán al poder, sino hasta cuándo el sistema político peruano garantizará las condiciones mínimas para el progreso.