Por Susana Camacho* No basta con que se comunique con la mayor veracidad posible el número de homicidios o de detenidos. También es indispensable que tengamos información sobre los resultados de las sanciones a las personas responsables. O sea, que esos homicidios y esos detenidos no se traduzcan en impunidad. Sin este dato, el panorama de la efectividad de acciones para disminuir la violencia en el país queda incompleto. Para saber si los homicidios están o no quedando impunes en México tenemos que analizar lo que sucede en el sistema de justicia penal en su conjunto. Es decir, revisar los datos de las investigaciones de las fiscalías, los casos procesados y sentenciados en tribunales, así como las personas que por este delito están cumpliendo una sanción en centros penitenciarios. Homicidios que van al archivo temporal Recientemente, el secretario de Seguridad anunció que hay 63,500 personas detenidas por delitos de alto impacto desde octubre de 2024 hasta julio de 2026. Entre esta categoría encontramos al homicidio doloso y, en principio, debería reflejarse en el número de investigaciones abiertas por las fiscalías. De acuerdo con información del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SESNSP) que reporta el número de carpetas abiertas por la fiscalía, solo en 2025 se abrieron 20,196 por homicidio doloso. El resto podría tratarse de otros delitos de alto impacto. Una vez ingresados los casos al sistema de justicia, lo esperable es que se procesen esas detenciones. Sin embargo, las estadísticas indican lo contrario. Advertimos que las fiscalías tienen un número importante de homicidios dolosos sin resolver que van al archivo temporal. El estado que guardan los procesos penales una vez abiertas las carpetas de investigación es difícil de conocer, ya que no hay fuentes abiertas que proporcionen esta información por delito. Hasta el momento, el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI) solo reporta datos agregados de la situación procesal de todas las carpetas de investigación, sin desagregar No obstante, en el último dato proporcionado mediante solicitudes de información de 19 fiscalías estatales en 2024, encontramos que había 2,308 carpetas de investigación por homicidio en el archivo temporal. Cabe señalar que, entre las entidades que no proporcionaron información al respecto, están algunas de las que concentran el mayor número absoluto de homicidios o que reportan las tasas más altas por cada 100,000 habitantes: Colima, Guanajuato, Estado de México, Guerrero, Morelos, Sonora y Jalisco. Las cifras de personas encarceladas De acuerdo con el último censo del INEGI en materia penitenciaria, que reporta datos de 2024, la tasa de ocupación de las prisiones en México ya rebasaba su capacidad. Así, por ejemplo, en ese año el promedio nacional era de 103 personas ingresadas en prisión por cada 100 espacios disponibles. El total de hombres que fueron ingresados a prisiones federales o estatales en México fue de 152,301. De ese número, 10,661 (7.1 %) fueron encarcelados por homicidio. Si desagregamos este dato por entidad federativa, observamos que el Estado de México, Guanajuato y Baja California concentraron el 43.6 % del total de personas ingresadas por este delito en el país durante ese año. Cabe señalar que estos datos no son equivalentes al número de asesinatos, ya que una misma persona pudo haber sido ingresada a prisión por varios homicidios. También llama la atención que, durante 2024, Sinaloa haya reportado apenas 77 personas ingresadas en prisión por homicidio, mientras que, de acuerdo con datos del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública, en ese año se reportaron 825 carpetas de investigación por homicidio doloso. Aunque no tenemos datos más recientes del sistema penitenciario, ya que el INEGI reporta con casi dos años de retraso, es evidente que con datos de 2024 las cárceles ya estaban saturadas. No se advierte cómo en 2026 el sistema de justicia tiene la capacidad de procesar a todos los detenidos por delitos de alto impacto. Vacíos de información pública También es indispensable advertir los vacíos de información pública que permitirían hacer este seguimiento para cualquier tipo de delito. De ello depende la construcción de políticas públicas a partir de datos que nos revelen en dónde están los cuellos de botella, pérdida o estancamiento de los casos, y resultados institucionales del sistema de justicia (policías que detienen e investigan, fiscales que coordinan la investigación y la llevan a tribunales, jueces que reciben pruebas y emiten sentencias, prisiones que ejecutan sanciones). Si analizamos estos datos en su conjunto, advertimos brechas importantes en el número de casos de personas detenidas, carpetas abiertas y personas en prisión por homicidio doloso. La Oficina para las Drogas y el Delito de las Naciones Unidas (UNODC) ha denominado “atrición” a “la pérdida de casos a lo largo del proceso del sistema de justicia penal. Ocurre a lo largo de toda la cadena de la justicia penal, desde la detección y el registro de los delitos hasta la identificación de un sospechoso y su procesamiento, condena y sentencia.” Poder rastrear desde su origen hasta la sanción final cuando se comete un homicidio doloso, es de importancia sustancial si no solo queremos detenciones, sino verdadera justicia para quienes pierden la vida.♦ ****Susana Camacho es coordinadora del Programa de Justicia de México Evalúa.