Ya no sé qué sería más grave. Que la gobernadora de Morena haya buscado por cuenta propia contacto con supuestos agentes extranjeros para negociar la recuperación de su visa, mostrando disposición a compartir lo que sabe o escucha en las mesas de seguridad; o que, como ahora se pretende explicar, haya sido víctima de un engaño atribuido al exgobernador Jaime Bonilla. La primera posibilidad hablaría de una desesperación desmedida ante el temor de ser investigada o judicializada en Estados Unidos. La segunda revelaría una ingenuidad verdaderamente preocupante en alguien que encabeza el gobierno de Baja California. Porque cuesta creer que Marina del Pilar aceptara recomendaciones de Bonilla, un personaje al que ella misma ha llamado “su tóxico” y a quien públicamente le ha dedicado el “ya supérame”. Sea una negociación deliberada o una trampa, ninguna versión deja bien parada a la gobernadora. Una pone en duda su lealtad institucional y el manejo de información sensible; la otra, su criterio, prudencia y capacidad para distinguir una gestión seria de una maniobra política. Por supuesto, los hechos deben investigarse y comprobarse. Pero las explicaciones conocidas hasta ahora, lejos de disipar las dudas, abren preguntas todavía más delicadas. Lo que queda claro es que algo está mal. Porque quien verdaderamente nada debe, nada teme; mucho menos anda tan ocupado y apurado por recuperar una visa como para terminar escuchando los consejos de quien públicamente ha señalado como su enemigo. A Morena, probablemente, esto no le costará el poder, porque enfrente no existe una oposición capaz de capitalizar políticamente estas historias. Pero sí debería obligarnos a preguntarnos: ¿quién nos gobierna?, ¿qué tanto se ha acercado el crimen al poder? o, peor aún, ¿en qué momento comenzaron a volverse indistinguibles?